A casi un mes del descarrilamiento del tren interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre, víctimas directas comenzaron una ruta legal paralela a la investigación oficial con el objetivo de esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades penales.
En entrevista con Nuestras Noticias, el abogado Adrián Arellano, representante legal de tres personas lesionadas, confirmó que ya fue presentada una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, con el fin de integrarse formalmente a la investigación en curso.
Arellano explicó que la denuncia se sustenta en observaciones públicas de la Auditoría Superior de la Federación, que detectó irregularidades en contratos relacionados con la rehabilitación y supervisión de la vía férrea.
Entre las empresas señaladas en la querella se encuentran Comsa, Grupo Diamante y Dany Ferrotools, sin que ello implique, por ahora, una imputación directa.
El abogado subrayó que el punto clave del proceso serán los peritajes técnicos, incluidos los análisis de la caja negra del tren, ya que estos determinarán si el accidente se debió a fallas humanas, deficiencias en la supervisión o problemas estructurales.
A partir de esos dictámenes, dijo, se definirán las líneas de investigación y eventuales responsabilidades.
Aunque reconoció que el gobierno federal ha brindado atención médica y acompañamiento a las víctimas, aclaró que la querella no busca confrontación, sino ejercer el derecho a la verdad y a una investigación transparente.
Anticipó que el proceso podría extenderse más de un año, debido a la complejidad técnica y legal del caso.
Los representantes legales esperan obtener esta misma semana el número de carpeta de investigación, lo que les permitiría participar activamente, proponer peritajes externos y dar seguimiento puntual a uno de los accidentes ferroviarios más graves recientes, que dejó víctimas en varios estados del país, incluido Sonora.
