La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó haber dado una orden directa para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, y subrayó que en su administración las acciones contra líderes del crimen organizado se realizan únicamente con órdenes de aprehensión emitidas por jueces.
Durante su conferencia matutina de este jueves, explicó que las operaciones contra presuntos delincuentes de alta peligrosidad siguen los procedimientos establecidos por el sistema de justicia mexicano, a diferencia de lo que, dijo, ocurrió durante el periodo de la llamada Guerra contra el narcotráfico en México.
“En el pasado, fuera de la ley se emitían órdenes de ejecución. El secretario de Seguridad o el presidente decidían ir por un delincuente y ejecutarlo. Nosotros no actuamos así; aquí existen órdenes de aprehensión que emite un juez”, afirmó.
Detalló que la captura fue resultado de meses e incluso años de investigación y seguimiento por parte de las autoridades, en coordinación con distintas instancias de seguridad.
Indicó que en la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ejecutaron el operativo conforme a los protocolos legales y de inteligencia establecidos.
También señaló que existe cooperación con autoridades de Estados Unidos en materia de intercambio de información, aunque aclaró que ese apoyo se limita a labores de inteligencia y no a operaciones dentro del territorio nacional.
“Hay un acuerdo de inteligencia que brinda información, pero no implica participación en operativos. El seguimiento se realiza durante mucho tiempo y, cuando se presentan las condiciones, se lleva a cabo la detención”, explicó.
Al ser cuestionada sobre la posible localización o detención de la pareja sentimental del líder criminal, situación que presuntamente habría contribuido a ubicarlo, la presidenta respondió que no contaba con información confirmada en ese momento, pero ofreció compartir detalles una vez que las autoridades los verifiquen.
La mandataria reiteró que su gobierno mantiene una estrategia basada en investigaciones judiciales, coordinación institucional y apego al marco legal para enfrentar a los grupos delictivos.
