La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, por unanimidad, atraer un caso que podría sentar un precedente en el combate al llamado huachicol fiscal, relacionado con el contrabando de combustibles en el país.
El acuerdo fue aprobado a mano alzada durante la sesión del pasado 18 de marzo, a partir de una propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, quien planteó que el máximo tribunal analice el recurso de queja 39/2026.
Con esta decisión, la Corte asumirá la responsabilidad de definir qué instancia tiene la facultad legal para representar el interés fiscal de la Federación en este tipo de delitos: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El caso cobra relevancia tras la entrada en vigor del reglamento interno de la ANAM, que otorga a esta institución atribuciones para investigar ilícitos vinculados con el contrabando, así como diseñar estrategias para combatirlos.
La resolución que emita la SCJN podría delimitar competencias entre ambas dependencias y tener impacto directo en la estrategia nacional contra el tráfico ilegal de combustibles.
