Por Roberto Pogués
En agosto de 2014, el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, junto con otros miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, ofreció una conferencia de prensa en la que habló de un derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de cobre ocurrido días antes en la mina Buenavista del Cobre y que llegó a aguas del Río Sonora.
Ante el estupor del resto de los funcionarios en la mesa, Guerra se refirió a aquello como “el peor desastre ambiental en la historia de México” sin explicar por qué lo decía.
Ante aquel evento, la empresa minera esparció de inmediato cal para neutralizar la solución derramada e inició trabajos de limpieza y acarreo de toneladas de material hacia su presa de jales, de tal manera que a principios de noviembre de ese mismo año la fase de contingencia fue levantada, se llevaron a cabo acciones para atender a la población y actividades impactadas, y se instrumentaron medidas correctivas, supervisadas por la Profepa, para asegurar que un accidente así no se repitiera. No hubo muerte de especies animales y la flora prácticamente se mantuvo intacta.
El derrame fue remediado, no así el dicho del secretario Guerra que ha sido aprovechado durante años para estigmatizar sin fundamento a la empresa y a la industria minera. El ex funcionario acabó su gestión sin reconocer su exabrupto ni ofrecer evidencia para su declaración más allá, quizá, de la adrenalina del momento o de lo que para algunos fue una distorsión de los hechos impulsada por una facción del gobierno peñista a fin de distraer de otros temas y, de paso, impulsar algunos negocios a costa del evento.
En nuestros días, en cambio, atestiguamos en el Golfo de México un problema estructural que podría -ese sí- convertirse en el verdadero peor desastre ambiental en la historia de México.
Hablamos, al parecer, de una sucesión de derrames de petróleo que se han ocultado durante años. Según investigaciones de medios como Data Crítica y Mongabay Latam entre 2018 y 2024 han ocurrido numerosos accidentes petroleros en la zona que no fueron reportados. En 2026 estamos ante grandes manchas de chapopote que desde el mes de febrero contaminan amplias extensiones de playa, sacrifican a numerosos ejemplares de especies marinas y generan un grave daño a las actividades pesqueras y turísticas, entre otras consecuencias.
El gobierno habla de vertimientos de embarcaciones o emanaciones naturales, descarta “enfáticamente” daño “severo” y dice que despliega acciones para la limpieza costera.
Las ONG´s ambientalistas, estridentes siempre contra las empresas, se moderan en sus cuestionamientos a los gobiernos de la 4T. Pero su silencio o cautela excesiva contrastan con la magnitud de la evidencia, al punto que no pueden evitar denunciar las manchas y afectaciones en distintos tramos del litoral desde hace meses.
Lo cierto es que la detección parece haber sido tardía u ocultada, la información es confusa y fragmentada y las responsabilidades son diluidas, dejándole a las comunidades costeras el enorme costo ambiental, social y económico que esta tragedia conlleva.
Un derrame de petróleo no es sólo una mancha visible en la superficie del mar. Es un contaminante persistente que se incorpora a la cadena alimenticia, afecta aves, mamíferos marinos, peces y ecosistemas completos durante muchos años.
¿Por qué, entonces, podemos decir que este -el de hoy- es el mayor desastre? Porque nada tiene que ver su dimensión con otros hechos del pasado.
La zona hoy afectada no es cualquier ecosistema, concentra biodiversidad estratégica y dependencia de grandes núcleos de población y actividad económica. El daño potencial se acumula en el tiempo y en el espacio y arrasa para siempre manglares y arrecifes.
Lo que estamos observando hoy en el Golfo de México se agrava por una continuada falta de transparencia.
En pocas palabras, es un pasivo ambiental crónico, no un accidente aislado. Por eso, parece que estamos, ahora sí, ante el verdadero peor desastre ambiental en la historia de México.
