En medio de movilizaciones encabezadas por transportistas y productores agrícolas en distintas regiones del país, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno mantendrá el diálogo abierto, pero sin ceder a esquemas de intermediación en la entrega de apoyos.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria subrayó que los recursos públicos destinados al campo ya no pasarán por organizaciones ni líderes, como ocurría anteriormente, sino que serán entregados de manera directa a los productores.
Esta medida, dijo, busca evitar prácticas discrecionales y garantizar que los beneficios lleguen íntegros a quienes trabajan la tierra.
Las declaraciones surgen tras el paro nacional impulsado por agrupaciones como la Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que incluyó bloqueos en carreteras estratégicas para exigir atención a problemáticas como la inseguridad, el alza en costos operativos y la crisis en el sector agrícola.
La presidenta reconoció que aún se mantienen algunos puntos bloqueados, principalmente en entidades como Guanajuato y Baja California, aunque aseguró que la mayoría de las movilizaciones no alcanzaron la magnitud prevista y que, en varios casos, se habilitaron rutas alternas para minimizar afectaciones.
En paralelo, destacó que su administración impulsa programas específicos como el Plan Frijol en Zacatecas, orientado a mejorar la calidad de la semilla y fortalecer el precio de garantía. Según explicó, el esquema funciona mediante un padrón abierto en el que cualquier productor puede inscribirse, sin importar afiliaciones políticas.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación reportó que, de los 11 bloqueos registrados inicialmente en nueve estados, para la tarde del lunes solo persistían cinco, distribuidos en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos.
El gobierno federal reiteró que continuará con mesas de trabajo en coordinación con autoridades estatales, apostando al diálogo como vía principal para atender las demandas, aunque sin modificar su política de eliminar intermediarios en la entrega de apoyos.
