El Senado de la República formalizó la constitucionalidad de la reforma que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en el sector público, marcando un giro en la política de austeridad del país.
Durante la sesión vespertina, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, realizó la declaratoria tras confirmarse el aval de 20 congresos estatales, requisito necesario para modificar la Constitución.
La reforma, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece un límite claro: ninguna persona servidora pública podrá recibir una pensión superior a la mitad del salario asignado a la titular del Ejecutivo Federal, lo que equivale a cerca de 67 mil pesos mensuales.
La medida aplicará a organismos públicos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Nacional Financiera (Nafin), entre otros.
Desde la tribuna, legisladores del bloque oficialista destacaron que esta modificación busca frenar privilegios históricos en la alta burocracia, reforzar la austeridad gubernamental y alinear las percepciones con una visión de servicio público más equitativa.
El respaldo de entidades como Sonora, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, entre otras, permitió concretar la declaratoria que ahora da paso a la entrada en vigor de la reforma en todo el país.
Con este cambio constitucional, el gobierno federal apuesta por cerrar la puerta a esquemas de retiro considerados excesivos y avanzar hacia un modelo con mayor control sobre el gasto público.
