El Congreso de Nuevo León inició el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, tras la aprobación de la Comisión Anticorrupción para dar trámite a una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La decisión fue avalada por mayoría de legisladores de oposición y marca el comienzo de una etapa procesal en la que el mandatario estatal deberá responder formalmente a los señalamientos. Entre las acusaciones se encuentran presunta triangulación de recursos públicos y posibles beneficios a despachos vinculados con familiares del gobernador.
Como parte del procedimiento, Samuel García fue emplazado para comparecer el próximo 23 de junio y contará con un plazo legal para presentar su defensa, ya sea de manera presencial, por escrito o mediante representación jurídica.
La denuncia que originó el proceso fue promovida por dirigentes de Morena en la entidad y también fue presentada ante instancias federales para su revisión. En paralelo, desde Movimiento Ciudadano y el gobierno estatal se rechazaron las acusaciones, al sostener que los hechos señalados ya fueron revisados anteriormente y que no existen elementos que acrediten responsabilidades.
Aunque el procedimiento representa una presión política para el Ejecutivo estatal, el inicio del juicio político no implica automáticamente la destitución del gobernador. Para avanzar a etapas posteriores se requiere la intervención del Pleno del Congreso local y el cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes.
El nuevo episodio se suma al contexto de tensión política que desde años recientes ha caracterizado la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Nuevo León, en un momento particularmente visible para la entidad por ser una de las sedes mexicanas del Mundial de Futbol 2026.
