El exasesor legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en México y exfiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza, consideró que los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, podrían tener implicaciones penales si se confirma un intento de compartir información reservada con autoridades estadounidenses.
Durante una entrevista en el noticiero Nuestras Noticias, con Sergio Valle, el abogado penalista señaló que el contenido del audio debe analizarse más allá del impacto político, ya que una eventual oferta para proporcionar información derivada de las mesas de seguridad podría configurar violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, revelación de secretos y otras responsabilidades administrativas o penales.
Espinoza explicó que las reuniones de seguridad incluyen datos estratégicos sobre operativos, objetivos prioritarios y acciones de inteligencia, por lo que cualquier filtración representaría un riesgo para la seguridad del Estado mexicano.
En ese contexto, sostuvo que, así como se abrió una investigación por el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también debería iniciarse una carpeta de investigación por los hechos relacionados con Baja California para esclarecer tanto la filtración de la conversación privada como los posibles delitos derivados de su contenido.
También afirmó que Estados Unidos mantiene una estrategia para fortalecer casos contra integrantes del crimen organizado y servidores públicos mediante testimonios de colaboradores. Incluso aseguró que, con base en información obtenida de contactos dentro de agencias estadounidenses, en los próximos meses podrían presentarse nuevas acusaciones e investigaciones contra políticos mexicanos.
A su juicio, la ofensiva del gobierno estadounidense responde tanto a intereses de seguridad nacional, especialmente por el tráfico de fentanilo, como a una agenda política impulsada por la administración de Donald Trump. Sin embargo, subrayó que los señalamientos deben enfrentarse con investigaciones formales y no únicamente con posicionamientos públicos.
Finalmente, llamó a que las autoridades mexicanas respondan mediante procesos legales, expedientes sólidos y acciones diplomáticas, al tiempo que insistió en que cualquier funcionario señalado debe transparentar su actuación y asumir las consecuencias legales si existen elementos para ello.
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