La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de presuntamente ordenar el ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que un análisis “profundo, exhaustivo y detallado” de la investigación permitió identificar la presunta participación del exmandatario estatal en la desaparición de material videográfico considerado relevante para el caso.
De acuerdo con la funcionaria, dos testigos colaboradores señalaron que Aguirre Rivero habría ordenado eliminar las grabaciones captadas en el Palacio de Justicia de Iguala, donde quedó registrado el momento en que un grupo de normalistas que viajaba en el autobús Estrella de Oro número 1531 fue interceptado por policías municipales y estatales.
La FGR sostiene que dichas videograbaciones constituían evidencia clave para esclarecer lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes normalistas.
Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material, captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 al exterior del inmueble, no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, aseguró la fiscal, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.
Relató que, en enero de 2026, un testigo colaborador de la FGR aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre Rivero, quien fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, tras ser detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México.
Asimismo, la fiscal reveló que un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que el exgobernador de Guerrero ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Por lo anterior, dijo, la FGR “cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.
“Estos y otros elementos contenidos en la investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”, agregó.
