La Barra Sonorense de Abogados encendió la alerta ante la falta de condiciones que, a su juicio, existen en Sonora para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo límite de entrada en vigor es el 1 de abril de 2027.
En entrevista con Nuestras Noticias, el presidente de la organización, Antonio Romero Peñuñuri, señaló que el nuevo esquema implicará transformar la manera en que se atienden asuntos cotidianos como vivienda, patrimonio, alimentos, sucesiones y guarda y custodia.
El principal desafío, explicó, es contar con salas de oralidad, plataformas tecnológicas, personal suficiente y capacitación especializada. Además, la Barra considera indispensable que los nuevos tribunales tengan presencia en los 16 distritos judiciales de Sonora para evitar que los ciudadanos deban trasladarse a otras comunidades para recibir atención.
Afirmó que, hasta ahora, no identifican partidas presupuestales destinadas específicamente a la implementación del nuevo sistema. Advirtió que también será necesario contratar y capacitar jueces, funcionarios, mediadores y trabajadores sociales.
“Sí pedimos al Poder Judicial del Estado de Sonora que presente su presupuesto donde considere todos los aspectos para la implementación en forma suficiente en los 16 distritos judiciales”, planteó.
El abogado recordó que el decreto que creó el Código Nacional fue publicado el 7 de junio de 2023, por lo que las autoridades han contado con tiempo para preparar la transición.
La preocupación, dijo, no se limita a la infraestructura. Una implementación incompleta podría afectar directamente el acceso a la justicia, debido a que el nuevo sistema contempla procedimientos para asuntos que forman parte de la vida cotidiana de las familias.
“Si la fecha es el primero de abril, la fecha límite del próximo año, pues trabajar de inmediato para que no inicie en forma parcial la implementación de este sistema, sino que inicie completo”, enfatizó.
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