Por Marcos Pérez Esquer
El gobierno de Claudia Sheinbaum lleva meses presumiendo una cifra como prueba del éxito de su estrategia de seguridad: según sus registros, el promedio diario de homicidios dolosos habría disminuido 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 casos diarios.
Por supuesto, que observo esos números con enorme sospecha.
No porque pueda demostrar que cada disminución obedece a una manipulación deliberada, sino porque desde hace tiempo existen razones para cuestionar que el homicidio doloso, considerado aisladamente, refleje adecuadamente la evolución de la violencia letal en México.
México Evalúa ha documentado algo que vale la pena subrayar: mientras se modifica el comportamiento estadístico de los homicidios, durante la última década las desapariciones aumentaron 212.9% y los llamados “otros delitos contra la vida” 368%.
Por eso propone utilizar un indicador integrado de violencia letal que observe conjuntamente homicidios, desapariciones y otras muertes cuya clasificación puede alterar sustancialmente la fotografía final.
No sabemos en qué medida esas variaciones obedecen a fenómenos criminales distintos (los criminales podrían estar apostando a desaparecer personas antes que dejar cadáveres a la vista) y en qué medida a problemas de clasificación (la autoridad podría estar manipulando cifras mediante su reclasificación).
Intuyo que están ocurriendo ambas cosas, pero precisamente por eso me parece imprudente convertir una sola cifra en propaganda triunfalista.
Pero acaba de aparecer otro dato mucho más difícil de celebrar. La ENVIPE 2026, publicada por el INEGI hace unas semanas, estima que durante 2025 ocurrieron en México 33.8 millones de delitos. De ellos, 93.4% no fueron denunciados o, habiéndolo sido, no dieron lugar a una carpeta de investigación.
¡Noventa y tres, de cada cien! Esa es la llamada cifra negra.
Significa que la mayor parte de la realidad criminal del país sencillamente nunca llega a las estadísticas de las fiscalías sobre las que después construimos buena parte del discurso público de seguridad.
La dimensión del problema es brutal. Durante 2025, 23 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito y en 28.5% de los hogares mexicanos al menos uno de sus integrantes sufrió alguno. Los delitos más frecuentes fueron fraude, extorsión y robo en calle o transporte público.
Pero quizá lo más grave no sea siquiera que ocurran tantos delitos, sino que millones de mexicanos hayan llegado a la conclusión de que acudir a la autoridad sirve de muy poco.
Esto habla de un enorme fracaso institucional.
Un sistema de justicia penal funciona cuando la víctima confía lo suficiente para denunciar; cuando el Ministerio Público investiga; cuando la policía obtiene evidencia; cuando el responsable es identificado; cuando un juez puede procesarlo conforme a derecho y, si existen pruebas suficientes, imponer una sanción.
En México, la inmensa mayoría de los delitos ni siquiera consigue llegar a la primera estación de ese recorrido, lo que obliga a poner en perspectiva las estadísticas oficiales, porque cuando el gobierno informa que determinados delitos disminuyeron, normalmente está hablando de carpetas de investigación. Pero las carpetas no son la realidad criminal: son apenas la pequeña porción de esa realidad que logró ingresar al sistema.
La ENVIPE existe precisamente para mirar lo que las fiscalías no ven. Por eso antes de declarar que México vive una transformación histórica en materia de seguridad convendría mirar ese 93.4%, porque un país en el que 9 de cada 10 delitos permanecen fuera del sistema de justicia difícilmente puede presumir avances en materia de seguridad.
El gobierno podrá maquillar las cifras, pero hay una terca realidad que se impone, una realidad que el gobierno no puede maquillar.
