La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que cuenta con datos de prueba “contundentes” para sostener que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tuvo una participación activa en la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar, vinculada por las autoridades con una red de presunto contrabando de combustible o “huachicol fiscal”.
El señalamiento ocurre cinco días después de que Ruffo Appel llegara a su domicilio en Ensenada para continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con la FGR, la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros elementos, que apuntarían a la participación de Ruffo como accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar.
La dependencia sostiene que dichos elementos establecen que el exmandatario habría intervenido en la conducción, representación legal y decisiones estratégicas de la compañía, por lo que rechazó que el cambio de medida cautelar implique la suspensión o conclusión del proceso penal.
La FGR explicó que las investigaciones permitieron identificar una red que utilizaba ferrotanques para el traslado de combustible mediante Ingemar, empresa relacionada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Según la Fiscalía, la compañía registró movimientos millonarios que resultaban incongruentes con su perfil fiscal.
La dependencia también ha señalado previamente que Ruffo Appel posee una participación accionaria de 49 por ciento en Ingemar y que, según las investigaciones, la empresa habría realizado operaciones financieras relacionadas con el contrabando de combustible procedente de Estados Unidos.
Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio y posteriormente vinculado a proceso. Tras permanecer alrededor de 72 días en el penal federal del Altiplano, obtuvo el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria y regresó a su vivienda en Ensenada el 28 de septiembre.
El exgobernador ha rechazado las acusaciones y ha sostenido públicamente que es inocente. También ha afirmado que su participación en Ingemar se limitaba a su calidad de accionista y que había manifestado su disposición para comparecer ante las autoridades y entregar documentación relacionada con la empresa.
La Fiscalía reiteró que el proceso penal continúa ante la autoridad judicial, que será la encargada de valorar los datos de prueba que sean desahogados durante el procedimiento y determinar lo que corresponda conforme a derecho.
