El 2 de octubre, la Secretaría del Trabajo informó que este mes no abriría la plataforma para nuevas vinculaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro, y tres días después la presidenta Claudia Sheinbaum precisó en su conferencia matutina que el registro volverá a abrirse hasta enero de 2027, porque, en sus palabras, “ya hay suficientes jóvenes en el programa” y la meta del año “prácticamente” se cumplió.
Al día siguiente, durante la glosa del informe en la Cámara de Diputados, el secretario Marath Bolaños aseguró que el programa va a continuar y que seguirá apoyando a los cerca de 197 mil jóvenes que hoy están inscritos, quienes conservan su beca de 9,582 pesos mensuales y su seguro del IMSS.
Conviene decirlo con precisión, porque varios titulares hablaron de suspensión: cerraron el registro hasta 2027, y el programa sigue funcionando para quienes ya están dentro.
El momento del anuncio importa tanto como el anuncio. En agosto, el IMSS registró apenas 38,319 puestos de trabajo nuevos en todo el país, una de las cifras más bajas para ese mes en una década, y en los primeros ocho meses del año se sumaron 281,397.
Con el empleo formal creciendo a ese ritmo, un joven de 20 años que en Navojoa, en Cajeme o en San Luis Río Colorado contaba con inscribirse en octubre tendrá que esperar tres meses sin beca, sin seguro y sin una fecha exacta, y esa espera, aunque parezca un ajuste administrativo menor, dice mucho de cómo se diseña la política para jóvenes en México.
Lo que se trata como sector se puede pausar
En Sonora vivían 887,165 personas de entre 12 y 29 años en 2020, de acuerdo con el Censo del INEGI, lo que equivale a 30.1% de los 2,944,840 habitantes del estado, es decir, casi 1 de cada 3 sonorenses. Con ese peso, tratar a la juventud como un sector con su ventanilla propia la convierte, en el papel, en una minoría, y lo que el gobierno administra como minoría se puede detener con un comunicado sin que nadie lo resienta como una decisión de Estado. Por eso considero que la discusión de fondo toca algo más grande que el calendario de un programa federal, y se resume en saber si la política para jóvenes vive aislada en una plataforma que abre y cierra, o si atraviesa el empleo, la vivienda, la salud, los cuidados y el desarrollo de cada región, donde detenerla equivaldría a detener al estado entero.
Hay además una razón económica que hace urgente este debate. El Consejo Estatal de Población, con proyecciones de CONAPO, estima que el peso de los jóvenes de 12 a 29 años bajará a 28.5% de la población sonorense en 2030, lo que significa que la ventana demográfica que hoy tenemos abierta se va cerrando, y cada joven que no consigue un empleo productivo en estos años representa productividad que Sonora no podrá recuperar cuando haya menos jóvenes por cada adulto mayor. Como economista, leo este tema como parte de la política económica del estado, con el mismo rango que la energía o el agua.
A los 25, muchos ya sostienen una casa
La imagen del joven como estudiante sin responsabilidades ya no describe a buena parte de la juventud sonorense. Según el estudio del Consejo Estatal de Población con datos del Censo 2020, 42.3% de las mujeres de 20 a 24 años y 67.4% de las de 25 a 29 ya habían tenido al menos un hijo, y en el país casi 3 millones de hogares tienen a una persona joven como jefa de familia, de los cuales 38.4% renta su vivienda y solo 31.3% vive en casa propia, según el análisis de la Comisión Nacional de Vivienda. La misma comisión reporta que 587.5 mil jóvenes señalan la falta de crédito como el principal impedimento para comprar o terminar de pagar su casa. Para quien a los 25 años ya paga renta y cría a sus hijos, una política “juvenil” que ignore la vivienda, la guardería y el empleo formal llega tarde.
El mapa también cambió. En 1990, 41.3% de los jóvenes sonorenses vivía en las ciudades de más de 100 mil habitantes; en 2020 la proporción llegó a 63.9%, de modo que las regiones del estado están perdiendo a su juventud frente a seis ciudades. Hace unas semanas escribí sobre las ciudades donde la gente se quiera quedar y sobre el costo de formar con recursos públicos a jóvenes que luego se van, y este dato confirma que la oportunidad tiene que llegar a cada región conforme a su vocación productiva, en el valle, en la sierra, en la costa y en la frontera.
Un apoyo que no termina en empleo se queda corto
Sonora llega a esta discusión con números mejores que el promedio nacional, y eso obliga a mirar con lupa la calidad del trabajo. En el segundo trimestre de 2026, la desocupación en el estado fue de 2.8% y la informalidad de 43.9%, contra 55.1% en el país, pero 33.7% de los ocupados sonorenses trabajaba en condiciones críticas de ocupación, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Entre los jóvenes del país el panorama empeora: los de 15 a 29 años tenían una desocupación de 4.8%, casi el doble del 2.5% general, y una informalidad de 58.8%, mientras que 46.8% de los jóvenes ocupados ganaba hasta un salario mínimo al mes y 47.3% trabajaba en micronegocios. Para un joven, eso significa entrar a la vida adulta sin seguridad social, sin acceso a crédito y sin capacidad de ahorro.
Frente a ese cuadro, mi crítica apunta al diseño del programa y nunca a los jóvenes que participan en él, muchos de los cuales lo usan para conseguir su primera experiencia laboral y merecen que su esfuerzo termine en un trabajo con futuro. El modelo admite al joven por una carencia, porque las reglas de operación definen a la población objetivo como personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, le da hasta 12 meses de apoyo sin una ruta medida hacia el empleo formal y deja las aperturas y los cupos en manos de decisiones centrales, lejos de las regiones. La medida de éxito que comunica el gobierno, 7 de cada 10, junta en un mismo número a quienes encontraron una ocupación productiva, a quienes regresaron a estudiar y a quienes se quedaron en su centro de trabajo, y con esa mezcla nadie puede saber cuántos egresados tienen hoy un empleo formal con seguridad social. A eso se suma una pregunta que el anuncio dejó sin respuesta: con qué criterio y con qué datos de empleo se decidió cerrar el registro en octubre y reabrirlo en enero.
Lo que propongo para Sonora
La salida empieza por sacar a los jóvenes de la ventanilla y ponerlos al frente. Propongo mesas permanentes en cada región, conducidas por estudiantes, jóvenes profesionistas, trabajadores y emprendedores, de las que salgan propuestas con nombre, fecha y responsable, y en las que los propios jóvenes evalúen en público las políticas de empleo, vivienda, transporte, salud y seguridad que les afectan.
Propongo también un gobierno enfocado en las familias jóvenes, con un primer empleo formal y seguridad social desde el primer día como meta medible, acceso a renta y crédito para el primer hogar, estancias infantiles con horarios compatibles con el trabajo y el estudio para que las mujeres jóvenes no tengan que elegir entre trabajar o cuidar, y cobertura de salud en el tramo que va de la escuela al primer empleo.
El tercer componente es una alianza entre empresas, escuelas y municipios, región por región, con prácticas y formación dual ligadas a vacantes reales, prioridad para los jóvenes de menores recursos y un compromiso sencillo de transparencia: publicar cuántos jóvenes tienen empleo formal a los 6 y a los 12 meses de haber pasado por el programa. Un indicador así se puede auditar, se puede comparar entre municipios y obliga a corregir lo que no funciona.
Una política para jóvenes que vive metida en todas las decisiones del gobierno, que la dirigen los propios jóvenes y que rinde cuentas con empleos formales medidos, se vuelve imposible de poner en pausa con un anuncio, porque detenerla significaría detener la economía de cada región del estado.
Ese es el estándar que merece un tercio de Sonora, y es también la mejor manera de defender las oportunidades de quienes hoy, a los 25 años, ya están construyendo una familia y una vida en esta tierra.
