Por Marcos Pérez Esquer
Durante las últimas semanas, médicas, enfermeros y otros trabajadores del IMSS han salido a las calles para reclamar mejores salarios, contratación de personal y algo todavía más elemental: medicamentos, material quirúrgico, equipo e insumos suficientes para atender a sus pacientes.
Conviene detenernos en esto último. Cuando el personal médico protesta porque no tiene con qué curar, su reclamo no es meramente laboral, también está hablando por el paciente al que debe mirar a los ojos para explicarle que el medicamento no llegó, que el estudio tendrá que esperar o que falta personal para atenderlo.
Así, las protestas del IMSS no son el problema. Son el síntoma. El problema viene de mucho más atrás.
En 2019, el gobierno de López Obrador decidió desaparecer el Seguro Popular prometiendo sustituirlo por algo mejor. Llegó entonces el INSABI, pero apenas tres años después, el propio gobierno reconoció sus limitaciones y lo extinguió para trasladar sus funciones al IMSS-Bienestar, que tampoco da pie con bola.
Todo, mientras se experimentaban también distintos mecanismos para comprar medicamentos. Primero se recurrió a la UNOPS, organismo de Naciones Unidas, pero los resultados no resolvieron el problema; de hecho, los retrasos en las compras consolidadas, entregas extemporáneas y dificultades de distribución aumentaron.
Después llegó Birmex a concentrar de las compras, pero la Secretaría Anticorrupción anuló por irregularidades toda la megacompra de medicamentos 2025-2026, un procedimiento cercano a los 248 mil millones de pesos que tuvo que reponerse prácticamente desde cero.
Mientras tanto, el desabasto persistió.
También se deterioraron las coberturas de vacunación. La ENSANUT 2023 estimó en apenas 44.2% la cobertura de la segunda dosis de la vacuna triple viral entre niñas y niños de cinco y seis años.
Y después está la contratación de médicos cubanos mediante convenios celebrados con el gobierno de Cuba mediante un cuestionable esquema en el que los pagos se realizan directamente a la dictadura, en lugar de contratar transparentemente y pagar directamente a los profesionales, o supuestos profesionales, porque hasta la fecha no han mostrado ni títulos ni cédulas.
Todo esto ocurrió después de una pandemia cuyo saldo letal terminó siendo mucho peor de lo que debió ser si se hubiera gestionado con eficiencia.
Entre 2020 y 2021, México registró un incremento de 56% en la mortalidad respecto de los años previos, uno de los peores resultados entre los países de la OCDE.
Pero quizá el dato que mejor resume lo ocurrido sea otro. En 2018, antes de que comenzara este experimento permanente de desorganización, 16.2% de los mexicanos carecía de acceso a servicios de salud. Para 2024, la proporción aumentó hasta 34.2%, lo que representa 44.5 millones de personas y más del doble del porcentaje registrado al inicio del sexenio de López Obrador.
Este deterioro tiene una traducción muy concreta en el bolsillo de las familias. De acuerdo con los datos de la ENIGH, entre 2018 y 2024 el gasto de los hogares en salud aumentó 41.2%.
Y aunque millones de mexicanos aparecen formalmente afiliados a una institución pública, 6 de cada 10 personas que buscan atención
terminan recurriendo a servicios privados o consultorios de farmacia.
Cuando el Estado deja de proporcionar oportunamente consultas, estudios o medicamentos, la enfermedad no desaparece, simplemente la factura cambia de manos y termina pagándola el paciente.
La paradoja es brutal: un gobierno que se dice de izquierda literalmente esté privatizando la salud a pasos agigantados.
Ese es el contexto en el que ahora protestan los trabajadores del IMSS. Exigen mejores remuneraciones, más personal y condiciones materiales para ejercer dignamente su profesión. También denuncian falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos básicos. Tienen razón: ningún sistema de salud puede funcionar castigando a quienes lo sostienen diariamente desde hospitales y clínicas.
Durante años llamamos héroes al personal médico que enfrentó la pandemia. Trabajaron exhaustos, arriesgaron su vida y vieron morir a compañeros y pacientes. Pero no exigen homenajes sino condiciones dignas y hospitales que funcionen.
Cuando los médicos tienen que dejar el hospital y salir a la calle a exigir las herramientas necesarias para curarnos, es hora de dejar de preguntar por qué protestan y empezar a preguntarnos qué le hicimos al sistema de salud.
