La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, resolvió este miércoles no otorgar amparo al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, frente a la orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 1,052,222,490 pesos en la construcción de siete cuarteles para la policía estatal en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En su acuerdo, la jueza determinó que la “justicia de la Unión no ampara ni protege” al exmandatario.
A pesar de esta decisión, Aureoles no puede ser detenido por el momento, ya que cuenta con una suspensión provisional obtenida en otro juicio de amparo.
Sin embargo, la semana pasada, Vargas Alarcón revocó una suspensión definitiva previa que lo protegía, debido a que el exgobernador incumplió las medidas requeridas para mantenerla, como el pago de una garantía económica de un millón de pesos y su comparecencia ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, quien emitió la orden de captura.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Aureoles de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, relacionados con el daño al erario estatal por la construcción de los cuarteles.
A finales de mayo, el exgobernador logró nuevamente frenar su detención tras la confirmación de una suspensión provisional por parte de un Tribunal Colegiado.
