La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a las autoridades mexicanas a investigar el hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde están implicadas al menos seis empresas funerarias, conforme a los estándares del informe de la Relatoría Especial A/HRC/56/56 sobre ejecuciones extrajudiciales.
La ONU-DH llamó a realizar una indagación eficaz, transparente y respetuosa de los derechos humanos de los fallecidos.
El informe subraya la obligación de proteger y respetar a los muertos, recomendando investigaciones efectivas y dignas bajo el Protocolo de Minnesota, que establece normas forenses para muertes potencialmente ilícitas, asegurando prontitud, independencia e imparcialidad.
Además, destaca la importancia de la protección de los restos humanos mediante códigos únicos, registros, fotografías, uso de bolsas mortuorias, almacenamiento seguro y trazabilidad para facilitar identificaciones futuras y prevenir pérdidas o deterioro.
La ONU-DH enfatizó el derecho de las familias a conocer la verdad, recibir los restos y sepultarlos según sus tradiciones culturales y religiosas, señalando que el trato irrespetuoso a los cadáveres puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante hacia los familiares.
También se alude a la Convención contra las Desapariciones Forzadas, que obliga a los Estados a buscar, identificar y devolver los restos, manteniendo registros precisos.
En contextos de conflicto armado, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) exige recuperar cuerpos rápidamente, identificarlos, documentarlos y enterrarlos con respeto, preferiblemente según la religión de los fallecidos, y devolverlos a sus familias.
En casos de desapariciones forzadas, se refuerza la obligación de investigar y restituir los restos.
Asimismo, el informe prohíbe prácticas como mutilaciones, profanaciones o difusión de imágenes degradantes de cadáveres, que podrían considerarse tratos inhumanos o intimidatorios, especialmente en redes sociales.
Finalmente, el informe aboga por evitar entierros masivos sin registro o incineraciones arbitrarias durante pandemias o desastres, para garantizar la dignidad de los fallecidos y los derechos de sus familias.
La ONU-DH urgió a México a adoptar principios rectores basados en derechos humanos para proteger a los muertos y garantizar justicia en este caso.
