Esta semana el periódico estadounidense The New York Times elaboró un artículo donde retoma el caso de dos exfuncionarios del estado de Tabasco quienes están siendo buscados por autoridades mexicanas y por la Interpol, acusados de encabezar un grupo criminal con nexos con el narcotráfico. Ambos fueron nombrados en su momento por Adán Augusto López Hernández, actual senador y exsecretario de Gobernación.
El caso ha generado atención nacional e internacional, ya que se desarrolla en un contexto complejo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enfrenta presión del expresidente estadounidense Donald Trump. Trump ha redoblado las acusaciones de que los cárteles de la droga mantienen influencia sobre las instituciones mexicanas, y ha pedido incluso la intervención militar estadounidense en territorio mexicano.
En el centro de la controversia se encuentra López Hernández, quien también fue gobernador de Tabasco y es considerado un aliado cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento, no ha sido acusado de ningún delito, y tanto la presidenta Sheinbaum como el partido gobernante Morena han expresado su respaldo al legislador.
Los exfuncionarios buscados son Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado, y un exjefe de la policía estatal. De acuerdo con información filtrada en 2022 por un grupo de hackers, una investigación militar de 2019 señaló que ambos tenían vínculos con una organización criminal conocida como La Barredora. A pesar de estas revelaciones, Bermúdez permaneció en su cargo hasta 2024. La Fiscalía General de la República inició formalmente una investigación este año.
La situación ha generado cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno con el combate a la corrupción. Analistas señalan que el caso representa un reto para Sheinbaum, cuya administración ha promovido una estrategia de seguridad más agresiva respecto a gobiernos anteriores.
En particular, ha desplegado fuerzas militares contra el Cártel de Sinaloa, lo que ha resultado en una disminución del 30 % en las incautaciones de fentanilo en la frontera con Estados Unidos.
El escándalo también reaviva el debate interno en Morena, donde algunos sectores piden mayor transparencia y rendición de cuentas.
Aunque el partido cerró filas con López Hernández, voces críticas han advertido que este tipo de casos pueden debilitar la narrativa de superioridad moral que Morena ha sostenido frente a otros partidos.
La politóloga Viridiana Ríos destacó que, si bien existen fallas institucionales, no se puede generalizar la complicidad entre gobierno y crimen organizado. “México no es un narco-Estado ni un Estado fallido”, afirmó.
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum no ha respondido de manera directa sobre el conocimiento que pudo haber tenido López Hernández respecto a sus subordinados. Las investigaciones siguen en curso.
The New York Times en español
