La Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado una acusación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Esta acusación se relaciona con su presunta intervención en el otorgamiento irregular de una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en 2004 (calificada como suicidio, pero que habría sido presentada como accidente laboral para acceder a la pensión).
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, solicitó una audiencia inicial para imputar este delito a Casar y a otras dos personas.
La audiencia está programada para el 16 de diciembre de 2025, donde un juez de control evaluará si hay elementos para vincularla a proceso.
El caso se originó en una denuncia de Pemex en abril de 2024, que alega irregularidades en el pago de la pensión (alrededor de 125 mil pesos mensuales durante 20 años, sumando más de 31 millones de pesos).
Pemex suspendió los pagos en febrero de 2024, pero un juez ordenó reintegrarlos provisionalmente vía amparo, considerando la pensión un derecho adquirido.
El delito imputado no es considerado grave, por lo que, de vincularse a proceso, podría llevarse en libertad condicional.
Casar ha negado las acusaciones y las ha calificado como persecución política. El proceso está en etapa inicial y no hay vinculación formal aún.
