La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización de cuotas y derechos contemplados en la Ley Federal de Derechos (LFD) que impactan directamente a la actividad minera y que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2026.
De acuerdo con el documento oficial, los ajustes responden a la actualización inflacionaria prevista en la legislación fiscal y abarcan desde solicitudes de concesión hasta diversos trámites administrativos del sector.
Entre los cambios más relevantes se encuentran los derechos por estudio, trámite y resolución de solicitudes de concesión minera, los cuales continúan calculándose con base en la superficie solicitada, conforme al artículo 63 de la LFD.
Para 2026, las cuotas son las siguientes:
Para las prórrogas de concesión, se mantiene el esquema de pago equivalente al 50% del monto que correspondería a una solicitud nueva.
También se actualizaron las cuotas aplicables a trámites como reducción, división o unificación de concesiones, expedición de duplicados de títulos, inscripción de peritos mineros y registros ante el Registro Público de Minería.
En materia cartográfica, la ley establece derechos por la expedición de planos de la cartografía minera, con costos que alcanzan los 5 mil 541 pesos por cada plano a escala 1:50,000, mientras que los servicios de visitas técnicas continúan cobrando conforme a los viáticos oficiales.
La actualización también ratifica los montos del derecho sobre minería, que los titulares de concesiones deben cubrir de manera semestral por cada hectárea concesionada, así como la vigencia del derecho especial sobre minería, con una tasa del 8.5% sobre la utilidad minera, y el derecho extraordinario del 1% sobre los ingresos por la venta de oro, plata y platino.
Adicionalmente, se mantiene el derecho por inactividad minera para aquellas concesiones que no acrediten obras de exploración o explotación.
La LFD reafirma que los recursos recaudados por estos conceptos podrán destinarse a proyectos de impacto social, como educación, salud, infraestructura, protección ambiental y fortalecimiento del propio sector minero.
Fuente: Mundo Minero.
