Por Marcos Pérez Esquer
A las tres de la mañana, cuando el país dormía, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Ahora corresponde al Senado revisar una legislación que, bajo el atractivo discurso de modernizar los catastros, detona serias preocupaciones en materia de federalismo, autonomía municipal y concentración de poder.
Hay que empezar reconociendo algo: México sí necesita modernizar sus catastros. El mandato constitucional existe desde 2013 y, trece años después, seguimos teniendo municipios con cartografía desactualizada, archivos en papel y sistemas que no pueden comunicarse entre sí.
Vincular el catastro con el Registro Público de la Propiedad, crear identificadores comunes y digitalizar trámites puede mejorar la certeza jurídica y fortalecer las maltrechas haciendas municipales.
El problema, como casi siempre, está en la letra pequeña.
La nueva ley concentra enormes facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y en la SEDATU. Ellas diseñarán planes, modelos, plataformas, lineamientos y estándares que deberán adoptar las autoridades locales. Los municipios participan en la implementación, pero no en la decisión. La paradoja resulta particularmente llamativa porque un proyecto anterior, discutido entre 2017 y 2021, contemplaba un Consejo Nacional en el que tenían asiento representantes estatales y cuatro presidentes municipales.
Esa lógica federalista desapareció. Ahora la Federación diseña y supervisa; los municipios acatan y ejecutan. Más delicado todavía es el impuesto predial.
La nueva Plataforma Nacional Catastral tendrá nada menos que un “módulo de gestión del impuesto predial”, además de un sistema de pagos digitales. La ley no aumenta por sí misma el impuesto predial, pero al no explicar claramente hasta dónde llega esa “gestión”, abre la puerta para que así suceda.
Y eso importa porque el artículo 115 constitucional reserva a los municipios su hacienda y a los ayuntamientos la propuesta de cuotas, tarifas y tablas de valores inmobiliarios.
El límite debió quedar escrito con todas sus letras: ninguna plataforma, modelo o lineamiento federal podrá determinar bases gravables, valores fiscales, tasas, cuotas, exenciones ni mecanismos de fiscalización.
Pero no quedó así.
También resulta peculiar que el proyecto hable de “medidas recaudatorias” para alcanzar objetivos de equidad. ¿Qué significa exactamente eso? La expresión queda abierta y puede convertirse mañana en fundamento para que instrumentos administrativos federales pretendan incidir en decisiones tributarias que corresponden al ámbito municipal.
Luego viene un clásico de la 4T: imponer obligaciones para los municipios, pero sin darles dinero. Se les exige adoptar plataformas, actualizar cartografía, migrar información, implementar nuevas claves, digitalizar procedimientos y capacitar personal. Pero el régimen transitorio dispone expresamente que no habrá recursos presupuestarios adicionales para nada de eso.
Y hay una última joya: todo deberá estar adoptado a más tardar el 31 de diciembre de 2026, para operar el 1 de enero de 2027, aunque las legislaturas y gobiernos locales cuentan con hasta 180 días para adecuar su normatividad. Es decir: primero hay que operar el sistema y después darle el soporte jurídico.
En fin, está claro que modernizar los catastros es necesario, pero modernizar no significa centralizar.
México necesita municipios con mejores herramientas, mayor capacidad técnica y mayor recaudación propia. Sin embargo, entregarles una plataforma diseñada desde el centro, imponerles obligaciones sin recursos y después llamarle a eso “coordinación”, no es, en absoluto, una forma de fortalecerlos.
El Senado todavía puede corregirlo. Ojalá así suceda, porque el federalismo no implica que la Federación lo haga todo, significa precisamente que no todo le corresponde a la Federación.
