El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cerró un ciclo con más pendientes que resultados, advirtió Vania Pérez Morales, académica de la UNAM y expresidenta del organismo ciudadano, al hacer un balance crítico tras dejar el cargo.
En entrevista con Nuestras Noticias, la especialista sostuvo que el sistema nació con altas expectativas, pero fue debilitado por la falta de compromiso institucional y la persistente impunidad en los casos más graves de corrupción del país.
Pérez Morales explicó que, a más de ocho años de su puesta en marcha, el SNA no logró consolidarse como un mecanismo efectivo de prevención, detección y sanción.
Señaló directamente la ausencia de interés de varias instituciones clave, algunas de las cuales, dijo, ni siquiera acudían a las sesiones de trabajo, lo que terminó por vaciar de contenido al esfuerzo anticorrupción.
Durante su gestión, el Comité de Participación Ciudadana logró integrar por primera vez cinco casos de gran corrupción al sistema, entre ellos Odebrecht, Segalmex y Conade.
Sin embargo, la académica subrayó que México sigue siendo una excepción en la región. En el caso Odebrecht, no existe una sola sentencia firme, y los expedientes se mantienen atrapados en procesos sin consecuencias reales.
Uno de los principales déficits, afirmó, es la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a denunciantes.
La falta de garantías de anonimato y confidencialidad inhibe que ciudadanos y servidores públicos denuncien, mientras que las víctimas de la corrupción, quienes pierden acceso a salud, educación o servicios básicos, permanecen invisibles en el debate público.
Pérez Morales también alertó sobre el uso discrecional de recursos en instituciones como la Conade, donde investigaciones internas documentaron desvíos millonarios que no llegaron a atletas, y cuestionó la normalización de escándalos que involucran a legisladores, exgobernadores y altos funcionarios sin que ello derive en sanciones.
En ese contexto, criticó la reacción de gobiernos estatales ante señalamientos ciudadanos y denunció que los sistemas anticorrupción locales, lejos de proteger a la sociedad, han sido utilizados para cerrar filas en defensa del poder político.
“Las instituciones no son botín de nadie”, enfatizó.
A su salida del SNA, la académica dejó sobre la mesa un diagnóstico contundente, que sin recuperación de recursos desviados, sin castigos ejemplares y sin protección a quienes denuncian, el combate a la corrupción seguirá siendo un discurso, no una realidad.
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