El derrame de petróleo registrado en aguas del Golfo de México dio un giro contundente al escalar a un caso penal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el incidente no fue provocado por Petróleos Mexicanos (Pemex), sino por un buque perteneciente a una empresa privada.
No obstante, la petrolera estatal participa activamente en las labores de contención y limpieza tanto en el mar como en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.
Ante la magnitud del impacto ambiental, instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse personalmente al área afectada para supervisar las acciones y evaluar si es necesario reforzar los recursos destinados a la remediación.
Aunque también se investiga un incidente menor en las inmediaciones de la refinería Olmeca en Dos Bocas, la titular del Ejecutivo dejó claro que el origen principal del derrame apunta al barco privado, lo que abre la puerta a sanciones tanto administrativas como penales.
En paralelo, dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se han sumado a las tareas de limpieza y evaluación de daños.
Sobre las afectaciones económicas, especialmente en comunidades pesqueras, el gobierno federal contempla apoyos emergentes; sin embargo, la presidenta enfatizó que será la empresa responsable quien deberá asumir la reparación integral del daño.
El caso avanza ahora bajo la lupa de las autoridades federales, en un proceso que busca no solo sancionar a los responsables, sino también garantizar la restauración ambiental y el respaldo a las comunidades impactadas.
