El llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso clave en el Senado, aunque no sin ajustes: se aprobaron medidas de austeridad, pero se rechazó adelantar la revocación de mandato.
Con mayoría calificada, el Senado de la República avaló en lo general el dictamen con el respaldo de Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Posteriormente, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Entre los puntos aprobados destacan los recortes presupuestales y la eliminación de privilegios en el aparato político-electoral.
La reforma establece que ningún funcionario electoral, incluidos consejeros del Instituto Nacional Electoral, podrá percibir un salario mayor al de la titular del Ejecutivo federal.
Además, se contempla una reducción progresiva del 15% al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años.
A nivel local, también se fijan límites al gasto de los congresos estatales y se redefine la integración de ayuntamientos, que no podrán exceder una sindicatura y hasta 15 regidurías.
Sin embargo, uno de los ejes más polémicos quedó fuera. A propuesta de la senadora Lizeth Sánchez García, se eliminó la modificación al artículo 35 constitucional que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027. Con este cambio, dicho ejercicio se mantendría hasta 2028.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció que “se aprobó lo principal”, en referencia a las medidas de austeridad, aunque lamentó que no prosperara la propuesta original en su totalidad, al considerar que su rechazo “no es positivo para el país”.
El debate ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde se definirá el futuro de una reforma que avanza, pero sin uno de sus componentes más controvertidos.
