La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un nuevo frente de debate al rechazar el reciente dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada, al que acusó de construir conclusiones a partir de visiones parciales y sin agotar los mecanismos internos del país.
En un posicionamiento público, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra cuestionó que el comité internacional considere que en México existen indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, lo que incluso podría escalar el caso ante instancias superiores de Naciones Unidas.
La Comisión sostuvo que dichas conclusiones se sustentan principalmente en información proporcionada por organizaciones civiles, a las que señaló de influir de manera determinante en el diagnóstico. No obstante, reconoció el dolor y la legitimidad de las familias que buscan a personas desaparecidas.
Uno de los principales puntos de desacuerdo radica en el procedimiento: la CNDH afirmó que el comité no agotó las vías nacionales antes de emitir su posicionamiento, como lo establece la normativa internacional. También criticó el peso otorgado a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha sido crítico de las políticas públicas recientes en la materia.
El organismo mexicano también señaló inconsistencias en el análisis del contexto histórico. Por un lado, dijo, el comité reconoce que la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa derivó en violaciones graves a derechos humanos; pero, por otro, descarta que exista evidencia suficiente de una política deliberada de desapariciones forzadas.
Para la CNDH, esta postura minimiza el impacto de ese periodo y omite cambios recientes. Aseguró que, a diferencia de etapas como la llamada “Guerra Sucia” o el combate al narcotráfico entre 2006 y 2012, los casos atribuibles a autoridades federales han disminuido de forma sostenida desde 2018.
Asimismo, reprochó que el fenómeno sea catalogado como generalizado sin considerar sus variaciones regionales y temporales, e incluso señaló contradicciones en el dictamen al descartar una política de Estado mientras sugiere que estas prácticas ocurren en el marco de acciones institucionales.
En defensa de su actuación, la Comisión destacó que ha documentado casos históricos, emitido recomendaciones y dado seguimiento a resoluciones más recientes, además de advertir sobre fallas en los registros oficiales y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la búsqueda.
Finalmente, el organismo acusó una posible politización del informe por parte de algunas organizaciones civiles, aunque reiteró que mantendrá el diálogo con instancias internacionales, con el objetivo —aseguró— de garantizar verdad y justicia para las víctimas.
