Un juez federal encendió las alertas ambientales en el país al conceder una suspensión provisional que obliga a autoridades a actuar de inmediato frente al derrame de hidrocarburos que afecta zonas costeras de Veracruz y Tabasco.
La resolución fue emitida por Ulises Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, tras un recurso promovido por la organización civil “En el Corazón está el Cambio”, representada por Juan Carlos Atzin Calderón.
El fallo ordena a instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desplegar todas sus facultades para contener, prevenir y reparar posibles daños irreparables al entorno natural derivados del derrame.
Entre las acciones exigidas, el juez instruyó garantizar la correcta disposición final de residuos contaminantes, incluyendo la contratación de empresas especializadas autorizadas, en caso de ser necesario. Asimismo, pidió iniciar de oficio procedimientos legales contemplados en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
El plazo es corto: las autoridades tienen 48 horas para rendir un informe detallado sobre las acciones emprendidas y demostrar que están cumpliendo con la medida judicial.
En su argumentación, el juzgador reconoció el interés legítimo del promovente, al considerar que cualquier persona puede verse afectada por un daño ambiental de esta magnitud, debido a sus posibles impactos en la salud pública y el bienestar colectivo.
También subrayó que la suspensión no afecta el interés social ni el orden público, al no existir evidencia de que su aplicación cause perjuicios a la sociedad.
Será el próximo 10 de abril cuando se determine si esta medida se convierte en una suspensión definitiva, en un caso que ya pone bajo presión a las autoridades ambientales y reaviva el debate sobre la respuesta institucional ante emergencias ecológicas.
