La tensión escaló en el Congreso de Sonora luego de que integrantes de estancias infantiles denunciaran agresiones físicas y un presunto desacato a una orden judicial, en medio de una protesta que mantiene tomadas las instalaciones.
En entrevista para el noticiero Nuestras Noticias, la presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, Lizeth Villalobos, acusó a diputados de ingresar por la fuerza al recinto y sesionar fuera de la legalidad.
“Nosotros seguimos en la acción, seguimos en esta clausura ciudadana”, afirmó, al tiempo que relató que durante la noche anterior se registraron empujones y confrontaciones.
“Sí, hubo forcejeo, empujaron a maestras, lastimaron a otras maestras”, detalló.
Villalobos sostuvo que el conflicto tiene origen en un pliego de demandas acumuladas desde hace hasta nueve años, incluyendo una resolución judicial que, aseguró, obliga al Congreso a actuar.
“Ya hay una resolución, una ejecutoria… no es que quieren o que atiendan nada”, subrayó.
La representante fue enfática al señalar posibles irregularidades en la actuación legislativa: “aprueban dentro de la sesión una sede clandestina, porque no dicen ni en qué domicilio se van a reunir. Entonces, esto no está pegado a la ley”.
Además, acusó directamente a legisladores y personal de seguridad de haber intervenido durante el ingreso al recinto.
“Uno de los diputados que empujó fue David Figueroa, más las personas de seguridad”, afirmó.
El reclamo central gira en torno a la falta de subsidios y recursos para estancias infantiles, así como a presuntas irregularidades en la asignación presupuestal.
Según explicó, existe incluso una sentencia que acredita violaciones: “no les está pidiendo un favor, ni nosotros estamos solicitando caridad, solamente que se cumpla el ordenamiento judicial”.
Pese a la confrontación, Villalobos aseguró que el movimiento no se cierra al diálogo, pero exige compromisos reales.
La protesta continúa activa en el Congreso estatal, mientras las manifestantes advierten que podrían emprender acciones legales ante lo que consideran un conjunto de irregularidades y violaciones a sus derechos.
