La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, formalizó su decisión de no acudir al Senado de la República para explicar la polémica por la presunta participación de agentes de la CIA en operativos en la entidad, en un episodio que evidenció tensiones políticas y vacíos legales.
De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, el gobierno estatal entregó un documento oficial apenas horas antes de la reunión programada, en el que justificó su ausencia.
“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso… les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señala el texto enviado al Senado.
La decisión llega tras días de versiones encontradas sobre su asistencia, lo que, según la analista, derivó en un escenario de confrontación política más mediática que legal.
“Fue puramente pirotecnia mediática, porque en realidad no hay ninguna facultad del Senado para llamar a cuentas a un gobernador”, afirmó la periodista en el noticiero Nuestras Noticias.
El trasfondo del conflicto radica en la investigación sobre la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, un tema que, de acuerdo con la especialista, solo podrá esclarecerse plenamente por las autoridades competentes.
“Al final de cuentas, los únicos que saben la verdad son las personas del gobierno del estado de Chihuahua”, sostuvo.
Además, explicó que la legislación mexicana sí permite colaboración con agencias internacionales, pero bajo condiciones específicas.
“La Ley de Seguridad Nacional… establece que deben informarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores y que una integrante… debe estar presente en todos los diálogos. En esto no ocurrió así”, puntualizó.
En paralelo, el Senado continuó con su agenda, donde se prevé un ambiente de consenso para la aprobación del plan de procuración de justicia impulsado por la Fiscalía General de la República, con un tono mucho más conciliador entre fuerzas políticas.
El episodio deja al descubierto no solo la disputa por el caso Chihuahua, sino también las limitaciones institucionales del Senado frente a los gobiernos estatales, en medio de un clima político marcado por la polarización y el protagonismo mediático.
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