La Fiscalía General de la República (FGR), a través de un mensaje emitido en redes sociales por el vocero y fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes Ulises Lara, informó que analizará conforme a la ley las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa, al tiempo que iniciará una investigación paralela para determinar la existencia de elementos que sustenten dichas acusaciones.
Detalló que la FGR fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre estas solicitudes, por lo que deberá cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la legislación vigente. A través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la dependencia revisará la documentación para establecer si existen pruebas suficientes que permitan proceder legalmente.
La FGR explicó que, de acuerdo con la normatividad mexicana, cualquier solicitud de orden de aprehensión debe sustentarse en datos de prueba que indiquen la probable comisión de un delito. En ese sentido, subrayó que la petición estadounidense, hasta el momento, no está acompañada de elementos probatorios contundentes que respalden los hechos señalados.
Asimismo, recordó que el tratado bilateral en materia de extradición establece que este procedimiento solo puede concederse si las pruebas cumplen con los requisitos legales del país requerido, en este caso México. De forma paralela, la Fiscalía llevará a cabo indagatorias propias para recabar información que permita determinar la viabilidad de las acusaciones.
La dependencia también señaló que la solicitud incluye la obligación de mantener la confidencialidad de la información, conforme a estándares internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que consideró relevante que estos datos no se hagan públicos, como ocurrió en este caso.
Por otra parte, la FGR puntualizó que, tratándose de servidores públicos como gobernadores o senadores, la legislación mexicana exige la realización de un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
La institución reiteró que actuará con apego estricto a la ley y con respeto a la soberanía nacional, garantizando tanto el Estado de Derecho como los derechos de las personas involucradas.
