La diputada Vicky Espinoza informó que el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Ayuntamiento de Hermosillo y al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) para transparentar el uso del reglamento de declaratoria de viviendas en abandono, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales los artículos que permitían al municipio adjudicarse dichas propiedades.
En entrevista con Sergio Valle, la legisladora señaló que, a casi un mes de la sentencia emitida el pasado 7 de abril, el Gobierno Municipal no ha ofrecido una respuesta clara ni un acercamiento con las personas afectadas. Ante esta omisión, el Poder Legislativo busca que el ISAF inicie una fiscalización profunda sobre los procedimientos ejecutados desde 2021 a la fecha.
Explicó que, aunque el reglamento tenía un fin “noble” para mejorar la imagen urbana, el Ayuntamiento lo utilizó presuntamente para hacerse de bienes inmuebles de manera ilegal.
“El Ayuntamiento lo utilizó para hacerse de viviendas, declarándolas en abandono por predios que se adjudica… la Corte ya declaró que eso no es legal y va para atrás. Queremos saber qué pasó con esos predios en ese periodo de tiempo”, enfatizó la diputada.
La legisladora denunció casos críticos, como el de un jubilado municipal cuya vivienda —asegura— estaba en buen estado y fue derribada tras ser declarada en abandono. “Se utilizó la ley para beneficio personal y no para justicia social”, lamentó.
Uno de los temas más delicados abordados en la entrevista fue la situación de las familias que actualmente ocupan estas casas tras haberlas recibido del municipio. La diputada señaló que, si la Corte anuló la facultad del Ayuntamiento para adjudicárselas, la consecuencia legal lógica es la restitución a los propietarios originales, lo que deja en la incertidumbre jurídica a quienes las habitan actualmente.
Finalmente, Vicky Espinoza rechazó que este proceso sea “poliquería”, como ha señalado la autoridad municipal, y afirmó que se trata de un acto de justicia ante lo que calificó como “fraudes inmobiliarios institucionales”. El Ayuntamiento tiene un plazo aproximado de 10 días para responder formalmente al exhorto del Congreso.
