El gobierno de Guatemala aceptó realizar operaciones conjuntas con el Ejército de Estados Unidos dentro de su territorio, bajo el argumento de fortalecer el combate contra organizaciones criminales, en medio de la presión de la administración Trump hacia países latinoamericanos para permitir este tipo de acciones.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habría aceptado operaciones aéreas y terrestres dentro del país. De acuerdo con el medio estadounidense The New York Times, estas acciones podrían comenzar el próximo mes, aunque no está claro qué otras actividades militares incluiría el acuerdo.
En una carta dirigida al secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, el gobierno guatemalteco solicitó “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico”, según informó la oficina de Arévalo al medio estadounidense.
Además, la presidencia guatemalteca señaló que Arévalo y Hegseth sostuvieron una llamada telefónica el pasado 19 de mayo para definir los términos del acuerdo, sin detallar aspectos específicos.
Después de Ecuador, que acordó mecanismos de cooperación con el Ejército estadounidense, Guatemala se convirtió en el segundo país de la región en aceptar operaciones militares conjuntas contra grupos criminales dentro de su territorio.
Ahora, Honduras, bajo el liderazgo del derechista Nasry Asfura y en medio de injerencias electorales en 2025 explícitas por parte de Donald Trump, aparece como el siguiente país bajo presión para aceptar este tipo de acciones coordinadas.
De acuerdo con testimonios citados por medios estadounidenses, la presión sobre países cercanos a México también buscaría incrementar la presión sobre el gobierno mexicano para aceptar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico dentro de su territorio.
Sin embargo, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en la defensa de la soberanía, la cooperación y la no subordinación, se ha mantenido firme frente a las propuestas del presidente Trump, quien en diversas ocasiones ha planteado la posibilidad de acciones conjuntas en territorio mexicano.
Esta estrategia es impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para Política y asesor de Seguridad Nacional, así como por Joseph Humire, actualmente uno de los principales responsables de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina.
El acuerdo con Guatemala, que aún no ha sido anunciado públicamente, forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para presionar a países de la región a permitir operaciones conjuntas dentro de sus territorios.
Casi 20 países latinoamericanos forman parte de la Coalición Anticárteles de las Américas, creada a principios de este año por la administración estadounidense con el objetivo de combatir a los cárteles y al crimen organizado en el hemisferio occidental. En marzo, Donald Trump se reunió en Florida con líderes conservadores y de derecha de la región, donde prometió “erradicar los cárteles criminales que plagan nuestra región”.
“El Ejército estadounidense les está dando una paliza donde podemos, y vamos a ir tras ellos con más severidad. Necesitamos su ayuda, tienen que hacerlo, dígannos dónde están”, declaró Trump ante los asistentes.
La administración estadounidense ha desplegado recursos militares en la región a una escala no vista en décadas y ha designado a más de una decena de grupos latinoamericanos y caribeños como organizaciones terroristas extranjeras.
Sin embargo, detalla el diario, la mayoría de los países integrantes de la coalición se han mostrado reacios a permitir operaciones militares del Pentágono dentro de sus territorios, ante el temor de reacciones internas y el recelo hacia la presencia de fuerzas extranjeras en tareas de seguridad nacional.
Los riesgos de las acciones militares conjuntas
Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado especializado en derecho de guerra, advirtió que, dependiendo de las circunstancias, este tipo de ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales fuera de un conflicto armado y cuestionó la ausencia de autorización explícita del Congreso estadounidense para realizarlos.
También señaló que militares y funcionarios estadounidenses involucrados en estas operaciones podrían enfrentar consecuencias legales en el futuro, incluso si únicamente participan proporcionando inteligencia o apoyo logístico, al considerar que podrían incurrir en posibles violaciones al derecho estadounidense e internacional.
