Este 5 de junio se cumplen 17 años del incendio de la Guardería ABC, la tragedia que marcó para siempre la historia de Sonora y de México.
Han pasado casi dos décadas desde aquella tarde de 2009 en la que 49 niñas y niños perdieron la vida y más de un centenar resultaron lesionados, muchos de ellos con secuelas físicas y emocionales que aún los acompañan.
Diecisiete años después, el dolor permanece. También la indignación.
La tarde del 5 de junio de 2009, un incendio iniciado en una bodega contigua, utilizada para almacenar documentos gubernamentales, se propagó rápidamente hacia la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el sur de Hermosillo.
Las condiciones de seguridad eran insuficientes: salidas de emergencia bloqueadas, materiales altamente inflamables y una serie de irregularidades que, con el paso de las investigaciones, evidenciaron una cadena de negligencias institucionales.
Las imágenes de padres desesperados intentando rescatar a sus hijos, los hospitales saturados y los funerales colectivos quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva del país.
A 17 años de distancia, la exigencia de justicia sigue vigente.
La tragedia no fue un accidente inevitable. Las investigaciones demostraron que existían irregularidades graves en materia de protección civil, condiciones deficientes de seguridad y omisiones de autoridades y particulares que debían garantizar la integridad de los menores.
Sin embargo, a casi dos décadas de distancia, el caso sigue siendo para muchos uno de los símbolos más dolorosos de la impunidad en México.
Cada aniversario revive las mismas preguntas: ¿qué tan diferente es hoy el sistema de supervisión de guarderías y estancias infantiles?, ¿cuántos de los responsables realmente enfrentaron consecuencias proporcionales al daño causado?
Y la obligada: ¿Qué tanto aprendieron las autoridades de aquella tragedia? De esta, la respuesta es nada.
Durante años, madres y padres de las víctimas han denunciado la lentitud de los procesos judiciales, las sentencias reducidas y la ausencia de sanciones ejemplares para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurriera una tragedia de tal magnitud.
Recientemente se registraron avances en algunos procesos pendientes.
En septiembre de 2025 fue detenida en Estados Unidos Sandra Lucía Téllez Nieves, excoordinadora estatal de Guarderías del IMSS en Sonora, quien permanecía prófuga desde hacía años.
Asimismo, en los últimos días fue extraditado a México Roberto Copado Montes, exdirector de Protección Civil Municipal de Hermosillo durante la administración en la que ocurrió el siniestro.
Ambos casos representan movimientos relevantes dentro de expedientes que parecían destinados al olvido. Sin embargo, para muchas familias, la justicia sigue siendo incompleta mientras no se esclarezcan plenamente todas las responsabilidades ni se garantice una reparación integral del daño.
La tragedia ABC no solo evidenció fallas humanas; también expuso debilidades estructurales en los sistemas de supervisión gubernamental y protección civil. La pregunta que sigue resonando es si realmente se aprendió la lección.
Los años posteriores han demostrado que los riesgos persisten.
El 22 de julio de 2023, un incendio provocado en el centro nocturno Beer House de San Luis Río Colorado dejó un saldo de 13 personas fallecidas, entre ellos un menor de edad.
Esa noche murieron 11 personas en el momento, una mujer falleció horas más tarde en un hospital y dos meses después, la víctima número 13 perdió la batalla.
Las investigaciones posteriores revelaron deficiencias en medidas de seguridad y protección civil que reavivaron inevitablemente los recuerdos de la Guardería ABC: salidas de emergencia obstruidas y una concatenación de omisiones que terminaron por enlutar familias.
Más recientemente, el 1 de noviembre de 2025, un incendio consumió una sucursal de Waldos en Hermosillo con 24 víctimas fatales y de nuevo el mismo escenario: servidores públicos que no hicieron su trabajo, inacciones deliberadas, deficiencias pasadas por alto durante casi cuatro años, como, de nuevo, la falta de salida de emergencia y, en general, una abrumadora negligencia institucional de las áreas que se llaman “protección civil”.
Este siniestro, sin duda, volvió a poner sobre la mesa la discusión las condiciones de seguridad en establecimientos comerciales y la cadena de omisiones que han derivado en las tragedias más grandes que ha vivido Sonora, dos de ellas en Hermosillo.
Y esa frase hecha: la historia se repite, justo se repite y duele una y otra vez.
Cada uno de estos episodios recuerda a gritos que la prevención no puede ser un discurso temporal ni una reacción posterior a las tragedias.
La memoria de los 49 niños y niñas de la Guardería ABC exige algo más que ceremonias conmemorativas. Exige vigilancia permanente, instituciones responsables, inspecciones efectivas y funcionarios comprometidos con la seguridad de la población.
Exige también que la justicia deje de depender del paso del tiempo.
Diecisiete años después, las cruces colocadas frente a la antigua guardería continúan recordando una verdad incómoda: cuando las autoridades fallan en proteger a la ciudadanía, las consecuencias son irreparables; cuando un servidor público no hace su trabajo, y tampoco lo hace el otro y el otro, se paga con la vida, pero de terceros.
Las familias de la ABC han mantenido viva la memoria de sus hijos durante casi dos décadas. Gracias a su lucha, el caso no quedó sepultado bajo el peso de la burocracia ni del olvido. Gracias a ellas, México sigue hablando de la Guardería ABC.
Pero la memoria, por sí sola, no basta.
A 17 años del incendio que conmocionó al país, las cruces, los memoriales y las fotografías continúan recordando una verdad incómoda: el dolor de las familias nunca prescribió.
Y tampoco debería hacerlo la exigencia de justicia.
