Las versiones sobre presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas sumaron un nuevo capítulo luego de que el diario La Opinión asegurara que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negó que ambos mandatarios cuenten con un permiso especial para ingresar a territorio norteamericano.
De acuerdo con la publicación, el periodista Jesús García solicitó información al DHS para aclarar si Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya forman parte de un programa conocido como parole o libertad condicional por beneficio público significativo, mecanismo que permite el ingreso a Estados Unidos de personas sin visa cuando existe un interés gubernamental o de seguridad nacional.
Según el reporte, la dependencia respondió por correo electrónico:
“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”.
La controversia surgió después de que el diario Los Angeles Times publicara en enero que ambos gobernadores eran objeto de investigaciones federales en Estados Unidos y que supuestamente les habría sido revocada la visa, aunque podrían ingresar al país mediante ese mecanismo especial.
El llamado parole suele ser utilizado en casos específicos, entre ellos personas que colaboran con autoridades estadounidenses en investigaciones o procedimientos judiciales.
Tanto Durazo como Villarreal han rechazado públicamente las versiones sobre una revocación de visas y cualquier señalamiento relacionado con actividades ilícitas, insistiendo en que su actuación se ha mantenido dentro del marco legal y con plena transparencia.
El tema ha cobrado relevancia en medio de recientes acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que ha incrementado la atención sobre la relación entre ambos países en materia de seguridad y justicia.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha presentado públicamente cargos judiciales contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.
