La violencia contra periodistas y comunicadores mantiene una tendencia preocupante en México. En lo que va de 2026, al menos seis personas vinculadas con labores informativas han sido asesinadas en cuatro entidades del país, siendo Veracruz el estado con el mayor número de víctimas.
El caso más reciente ocurrió este 16 de julio en Puebla, donde fue asesinado Josué Martínez Contreras, docente y director del portal Noticias San Martín Texmelucan. El comunicador fue atacado a balazos en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan.
La lista de homicidios comenzó en enero con el asesinato de un reportero del portal Digital Código Norte, ocurrido en Poza Rica, Veracruz. El periodista fue atacado mientras se encontraba con su familia en un restaurante-bar.
Meses después, el 2 de junio, se difundió la desaparición de la reportera Roxana Rivera, quien fue sacada por hombres armados de su domicilio en Nanchital, Veracruz. Aunque el caso se conoció públicamente ese día, fue hasta el 3 de julio cuando las autoridades confirmaron su muerte.
El 11 de junio también fue asesinado en Poza Rica el reportero de nota roja Luis Ángel López, colaborador del periódico Vanguardia. De acuerdo con la información disponible, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión para la Protección de Periodistas.
En Chiapas, el editor de la página Real Cintalapa, Carlos Ramos, fue baleado el 30 de junio después de realizar una transmisión en vivo relacionada con el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador. Tras el ataque fue reportado en estado grave.
Otro de los casos ocurrió en Guerrero. El 5 de julio, la Fiscalía estatal confirmó que un cuerpo localizado con huellas de tortura correspondía a Alex Serna, ambientalista y comunicador originario de Zihuatanejo, quien había permanecido desaparecido durante 12 días.
Con tres homicidios registrados, Veracruz concentra la mitad de los asesinatos de periodistas y comunicadores ocurridos este año, mientras que Puebla, Chiapas y Guerrero registran un caso cada uno.
Los crímenes se suman a la persistente preocupación por las condiciones de seguridad para quienes ejercen actividades periodísticas y de comunicación en distintas regiones del país, especialmente en zonas con presencia de grupos delictivos o altos índices de violencia.
