La audiencia en la que se definirá la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otras siete personas acusadas de integrar una presunta red de huachicol fiscal, se prolongó por más de 14 horas y continuaba en desarrollo hasta la tarde de este miércoles.
El procedimiento, que se realiza de forma virtual y a puerta cerrada bajo la conducción de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, se mantiene sin información oficial sobre su avance, por lo que se desconoce si han existido recesos o cuándo podría emitirse una resolución.
Durante la diligencia, la defensa busca desacreditar el centenar de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales sustentan la acusación de que los imputados habrían participado en una red de contrabando de combustible que, según la autoridad, ocasionó un daño superior a los 4 mil millones de pesos a las finanzas públicas.
Al concluir el debate, la jueza deberá resolver si vincula o no a proceso a Ruffo Appel y a los demás señalados por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
De avanzar el caso a juicio y en caso de una eventual sentencia condenatoria, el exmandatario estatal podría enfrentar penas que, de acuerdo con la FGR, alcanzarían hasta 17 años de prisión por delincuencia organizada, además de una sanción adicional por el delito de contrabando.
