Por Marcos Pérez Esquer
Por cuarto año consecutivo, el paquete económico obliga a volver sobre el mismo problema, y sobre la misma preocupación: la deuda pública.
Ojalá se tratara de una preocupación exagerada que los hechos hubieran desmentido, pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Año tras año aumenta el saldo, crece el costo de los intereses y disminuye el margen que tendrán los gobiernos futuros para atender las verdaderas necesidades del país.
Para 2027, la iniciativa de Ley de Ingresos propuesta por Sheinbaum autoriza al Gobierno Federal un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos y otro externo de hasta 13,500 millones de dólares. Al tipo de cambio previsto por Hacienda, hablamos de una capacidad adicional de endeudamiento cercana a 1.94 billones de pesos, ¡casi 2 billones!, sí, billones, con “b” de burro, con “b” de barbaridad, con “b” de brutos. El dato es más que irrelevante. Sobre todo, cuando observamos lo que ya cuesta la deuda acumulada.
El Paquete Económico calcula para 2027 un costo financiero de aproximadamente 1.6 billones de pesos, equivalente a 4% del PIB. Es decir, intereses, comisiones y demás costos asociados a la deuda absorberán una cantidad casi equivalente al gigantesco financiamiento que el gobierno necesita nuevamente para cuadrar sus cuentas. El CIEP advierte incluso que el costo financiero será superior a los requerimientos financieros del sector público de ese año.
Es la señal clásica de una dinámica peligrosa: contratar nueva deuda mientras una cantidad semejante debe destinarse simplemente a cargar con la deuda anterior. Es decir, la nueva deuda no se destinará en absoluto a crear infraestructura o proyectos productivos -como sería lo más responsable-, sino simplemente a pagar intereses.
El problema pues, no es endeudarse en sí mismo. El crédito público puede ser perfectamente razonable para financiar infraestructura productiva o realizar inversiones que generen crecimiento futuro, o incluso para enfrentar una emergencia. El problema aparece cuando el déficit se vuelve permanente, la economía crece poco y una proporción cada vez mayor de los ingresos debe destinarse a pagar intereses.
Para 2027, la Secretaría de Hacienda estima que la deuda pública en su medición más amplia alcanzará 21.7 billones de pesos, equivalentes al 55% del PIB. En diciembre de 2018 esa misma deuda ascendía a 10.5 billones y representaba alrededor de 43.6% del producto nacional. La comparación nominal debe considerar, por supuesto, inflación y crecimiento económico; pero incluso utilizando la medida más adecuada -deuda como proporción del PIB- la trayectoria ascendente resulta evidente.
Esto significa que, durante los tiempos de la 4T, el país ha duplicado su deuda pública, y la pregunta es ¿qué infraestructura se ha creado con ese dinero? Una refinería que no refina, un aeropuerto con operaciones mínimas y un par de trenes sin pasajeros que se descarrilan más seguido que José José y Alfredo Adame, respectivamente.
Y todo esto resulta particularmente llamativo porque la Cuarta Transformación llegó al gobierno prometiendo exactamente lo contrario.
López Obrador lo repitió hasta el cansancio. En diciembre de 2018 dijo: “cuando yo digo: ‘No vamos a endeudar al país’, es que no vamos a endeudar al país”. Meses después fue todavía más preciso: aseguró que no crecería la deuda en términos reales “en todo el sexenio”. La explicación era que el combate a la corrupción y la austeridad liberarían tantos recursos que no sería necesario aumentar impuestos ni contratar deuda adicional.
Pero los números cuentan otra historia. Insisto, tan solo el costo de los intereses está alcanzando niveles que restringen crecientemente el presupuesto disponible para salud, seguridad, educación e infraestructura.
La deuda tiene una característica especialmente atractiva para un régimen populista: permite gastar hoy y enviar la cuenta hacia adelante. Sobre todo si de comprar votos se trata. Pero la cuenta siempre llega.
Y cuando resulta necesario endeudarse en una cantidad similar a la que costarán los intereses de la deuda previamente adquirida, es decir, cuando tenemos que pedir prestado solo para pagar el financiamiento de la deuda que ya teníamos, es que ha llegado el momento de dejar de repetir que las finanzas públicas están sanas.
