Por Marcos Pérez Esquer
En un Estado constitucional de derecho hay una diferencia enorme entre investigar un delito y fabricar un culpable. La primera es una obligación del Estado; la segunda es una forma de persecución política que debería preocupar a toda la
sociedad.
El caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, plantea precisamente esa preocupación porque las actuaciones de la autoridad están más orientadas a construir un mensaje político que a esclarecer objetivamente los hechos.
Si existieron operaciones ilegales, que se investiguen y se sancionen con todo el peso de la ley. Nadie debería estar por encima de ella. Pero tampoco debería colocarse a nadie al margen de sus derechos y garantías.
Hasta ahora, la narrativa oficial pretende presentar como responsable a quien era accionista de una empresa involucrada en la comercialización de combustibles.
Sin embargo, desde el punto de vista del derecho mercantil, un accionista no administra por sí mismo la operación cotidiana de una sociedad. Para eso existen órganos de administración, representantes legales, directivos, gerentes y
responsables de áreas específicas.
Ser propietaria de acciones no convierte a una persona en autora de todos los actos que realiza una empresa. Menos aun cuando los hechos imputados corren a cargo de una agencia aduanal contratada por una empresa transportista que a su vez fue contratada por la empresa de la que se tienen dichas acciones.
Si así fuera, miles de accionistas tendrían que responder penalmente por cualquier irregularidad cometida por administradores sobre los cuales ni siquiera ejercen control directo, o por sus proveedores o prestadores de servicios. Sería una locura.
Precisamente por ello, en un Estado de derecho la responsabilidad penal es personal. No basta con acreditar una relación societaria; es indispensable demostrar la intervención concreta de cada individuo, su conocimiento de los hechos y, en su caso, su participación dolosa.
Pero ese estándar, que debería ser elemental, se diluye cuando la justicia se convierte en herramienta política.
Por eso resulta tan preocupante que un primer juez haya considerado insuficientes los elementos para librar órdenes de aprehensión y que posteriormente otro juez llegara a una conclusión distinta respecto de un expediente sustancialmente
similar. Esa circunstancia, por sí sola, amerita un escrutinio riguroso sobre la solidez de las pruebas y la regularidad del procedimiento.
Sobre todo, considerando que el primer juez era de carrera, en tanto que el segundo, es de los llamados “jueces de acordeón” incondicionales del régimen.
Máxime cuando la detención ocurre en un contexto político en el que el oficialismo enfrenta cuestionamientos derivados de investigaciones sobre redes de contrabando de combustibles que, de acuerdo con diversas publicaciones periodísticas y reportes de autoridades estadounidenses, habrían alcanzado a diversos personajes vinculados con Morena, que habrían utilizado parte del dinero desviado en financiar sus campañas electorales.
Y más aún, cuando pesan otras acusaciones de mucha mayor entidad sobre personajes como el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, señalado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y asociación con el crimen organizado, al cual el gobierno mexicano no solo no detiene -como lo ha solicitado formalmente el país vecino
para efectos de su extradición- sino que lo protege y encubre.
Así, mientras los casos relacionados con figuras del oficialismo se administran con extrema cautela, discreción, lentitud, o burda protección, en tratándose de un opositor el despliegue institucional es expedito y mediáticamente amplificado.
La consecuencia es sumamente nociva. La Fiscalía se distrae de la auténtica persecución de delitos y se enfoca en perseguir opositores. Esto no solo lacera derechos y a la democracia toda, sino que resta eficacia al aparato de seguridad que la ciudadanía espera del Estado mexicano.
Todo lo antes dicho, aunado al hecho de que a Ernesto Ruffo se le ha mantenido incomunicado y sin poder acceder a los archivos de la empresa, revela que se trata de un preso político. No sorprende, antes la actual titular de la FGR ya había fabricado delitos a conveniencia política. Esa es la cuarta transformación: el paso de una incipiente democracia, a la consolidación de un régimen autoritario.
