La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) destinó 71 millones 543 mil pesos a dos contratos con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para desarrollar y mantener la plataforma DIGIPRiS, pero una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades que, según la investigación de EMEEQUIS, presentan similitudes con el esquema de la llamada “Estafa Maestra”.
Los contratos, celebrados en 2023 y 2024 por 35 millones 771 mil 500 pesos cada uno, terminaron involucrando a empresas subcontratadas por el IPN. En el primer caso, la ASF documentó que se subcontrató más del 49% de los servicios, mientras que para el segundo señaló que se subcontrató el 100% de los recursos.
Entre las empresas señaladas aparecen ACSI Acero Construcción y Seguridad Industrial e ICYA Desarrollo y Estructura. La auditoría cuestionó, entre otros aspectos, la falta de estudios de mercado, la capacidad de algunos proveedores para realizar trabajos tecnológicos y la ausencia de documentación suficiente para acreditar determinadas actividades.
En el segundo contrato, además, la ASF reportó deficiencias relacionadas con la seguridad de la plataforma: las pruebas aplicadas a sus bases de datos alcanzaron una efectividad de 66.7%.
Julieta del Río, excomisionada del INAI, consideró que la reiteración de proveedores y subcontratistas amerita revisar los procesos de contratación y posibles mecanismos de concentración.
“El objetivo debe ser deslindar responsabilidades y determinar si existen posibles concentraciones de mercado, inconsistencias entre el perfil corporativo de los licitantes y el objeto de los contratos, o esquemas de triangulación de servicios”, señaló.
EMEEQUIS reportó que buscó la postura de funcionarios y responsables vinculados con los contratos, así como del IPN, sin obtener respuesta.
Hasta ahora, tampoco se ha precisado si las irregularidades derivaron en acciones legales específicas contra las instituciones involucradas.
