Por Marcos Pérez Esquer
Hubo un tiempo en que Andrés Manuel López Obrador hablaba con entusiasmo de las “benditas redes sociales”. Las consideraba una herramienta democratizadora que había roto el monopolio de los grandes medios y permitido a cualquier ciudadano cuestionar al poder, replicar y expresar libremente sus opiniones. Llegó incluso a decir que, sobre todo para la oposición, la existencia de las redes era “una bendición”.
Pero qué rápido cambia lo que se considera “bendito” y lo que se considera “maldito” para un régimen que empieza a desgastarse en el ejercicio del poder.
Esta semana el Congreso discute un conjunto de reformas que rápidamente fueron bautizadas en la conversación pública como la “Ley Antimemes”. Conviene precisar que no existe formalmente una ley con ese nombre ni se está proponiendo prohibir todos los memes. Pero tampoco es que la polémica haya surgido de la nada.
Uno de los puntos más controvertidos está en la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial propuesta por Claudia Sheinbaum. Su propuesta original incorporaba un artículo 403 Bis que castigaba con tres a siete años de prisión y fuertes multas de varios millones de pesos a quien utilizara, reprodujera o imitara, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos oficiales del gobierno para inducir a error o engaño mediante medios incluso digitales o tecnológicos.
El gobierno sostiene que el propósito nunca fue perseguir memes ni parodias, sino combatir páginas fraudulentas que utilizan logotipos oficiales para engañar a ciudadanos. Ese podría ser un objetivo legítimo, pero el problema está en la redacción.
Porque la sátira política consiste muchas veces precisamente en imitar símbolos, logotipos, tipografías, frases e identidades visuales del poder. Y cuando el derecho penal utiliza conceptos suficientemente amplios como para que el gobernado tenga que preguntarse si una parodia puede llevarlo ante un fiscal, aparece un problema serio para una democracia: la autocensura.
La controversia fue suficiente para que las propias comisiones del Senado modificaran el artículo. La pena bajó a uno a cinco años y se agregó que el uso de la identidad gubernamental debe hacerse con intención de cometer un ilícito.
Bienvenida la corrección. Pero queda una pregunta incómoda: si la disposición original era tan clara e inocua como ahora se afirma, ¿por qué hubo necesidad de corregirla? ¿o es que buscaban matar dos pájaros de un tiro?
A ello se suma otra reforma, ésta a la Ley Federal del Derecho de Autor, que incrementa obligaciones para proveedores de servicios de internet ante infracciones reiteradas de derechos de autor. Esta reforma contribuyó a encender las alarmas porque fotografías, videos, música y otros contenidos protegidos son precisamente la materia prima de incontables parodias digitales.
Pero el fondo del asunto rebasa estos preceptos legales. Los memes son la caricatura política del siglo XXI. A veces son injustos, vulgares, simplistas o de pésimo gusto. Pero la libertad de expresión no existe para proteger únicamente las opiniones inteligentes, educadas y agradables al poder. Existe, sobre todo, para ventilar aquello que le incomoda al poder.
Ahí radica la gran paradoja. Las mismas redes sociales que López Obrador celebraba porque permitían brincar el “cerco informativo”, cuestionar a los medios tradicionales y dar voz a la oposición son ahora un espacio que el poder observa con creciente desconfianza, hasta alcanzar ahora niveles de pavor.
Cuando servían para combatir al gobierno eran benditas. Cuando sirven para burlarse del gobierno o para evidenciarlo, se vuelven malditas, y hay que regularlas.
No digo que combatir fraudes, suplantaciones o violaciones a derechos de autor sea censura. Es obligación del Estado hacerlo. Pero existe una diferencia enorme entre perseguir al delincuente que crea una página falsa de Hacienda para robarle dinero a alguien y redactar normas penales cuya amplitud y ambigüedad pueda llevar a la cárcel a quienes hacen sátira política.
En democracia, el gobierno debe tener la piel particularmente gruesa. Pero cuando empieza a preocuparse mas por los memes que por los verdaderos problemas nacionales, el problema no está en los memes, sino en la ineptitud gubernamental y en su creciente talante autoritario.
