El fundador de Ingemar, Ricardo Thompson Navarro, sumó una segunda prisión preventiva dentro de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene por una presunta red de contrabando de combustibles mediante ferrotanques.
El pasado 13 de agosto, una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, impuso al empresario prisión preventiva justificada. La medida se agregó a la prisión preventiva oficiosa que le fue dictada en julio, cuando fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y relacionados con hidrocarburos.
Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, Thompson Navarro promovió un amparo para impugnar la nueva medida cautelar. Sin embargo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México negó la suspensión provisional.
El órgano jurisdiccional argumentó que la determinación de la jueza de control no resulta, de manera evidente, inconstitucional y que cuenta con facultades legales para imponerla.
“El promovente solicitó la suspensión provisional respecto a la resolución de trece de agosto de dos mil veintiséis, en la que se impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, con efectos restitutorios.”
La FGR señala a Thompson Navarro como uno de los socios del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en Ingemar, empresa que presuntamente habría sido utilizada para introducir combustibles de contrabando por ferrotanques.
De acuerdo con la imputación, Ingemar habría registrado movimientos financieros que no correspondían con su perfil fiscal. Entre ellos destaca una cuenta en Grupo Financiero Intercam, donde se reportaron flujos superiores a 3 mil millones de pesos entre junio de 2024 y julio de 2025.
