En seguimiento a la información difundida sobre la detención de cinco personas por su probable responsabilidad en el delito de despojo de terrenos propiedad del Gobierno del Estado, ubicados en San Carlos, municipio de Guaymas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que los imputados permanecen vinculados a proceso, aunque un Juez modificó las medidas cautelares que inicialmente contemplaban prisión preventiva justificada.
La determinación se emitió durante una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa, en la que se presentaron diversos datos de prueba relacionados con el arraigo de los imputados y la posible neutralización de riesgos procesales.
Entre las medidas impuestas destacan la prohibición de acudir a los terrenos materia de la investigación, así como de realizar cualquier acto que implique volver a ocuparlos; además, deberán presentarse a firma cada 15 días, exhibir una garantía económica y abstenerse de salir del estado. La restricción de acceso al inmueble constituye una de las principales medidas de protección del patrimonio público.
La FGJES precisa que esta modificación corresponde exclusivamente a las medidas cautelares y no modifica la situación jurídica de los cinco imputados respecto de su vinculación a proceso. Tampoco constituye una sentencia absolutoria, una declaración de inocencia ni una exención de responsabilidad penal, pues el procedimiento judicial continúa y será la autoridad jurisdiccional la que determine lo conducente conforme al desarrollo del proceso.
Los hechos que dieron origen a la investigación se relacionan con la probable ocupación sin autorización de diversas fracciones de tres polígonos ubicados al norte del bulevar Tetakawi, cuya propiedad corresponden al Gobierno del Estado, por conducto de Bienes y Concesiones. Por estos hechos, el pasado 26 de octubre la FGJES informó sobre la detención de cinco personas mediante órdenes de aprehensión y su posterior vinculación a proceso.
Se trata de terrenos cuyo valor conjunto asciende a cientos de millones de pesos y que forman parte del patrimonio público de las y los sonorenses. La Fiscalía continuará con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la defensa de los bienes del Estado, con respeto al debido proceso, los derechos humanos y las determinaciones de la autoridad judicial.
