Por Marcos Pérez Esquer
Esta mañana, como de costumbre, empecé mi día revisando los principales medios informativos, sin embargo, hoy me embargó una sensación distinta. Una suerte de desasosiego generado por la impúdica acumulación de noticias sobre escándalos de corrupción. Muchos en un solo día.
Unos relacionados con contratos públicos, otros con conflictos de interés, empresas favorecidas, investigaciones por irregularidades, cohecho, peculado, y terminé preguntándome cuántos escándalos de corrupción tienen que darse en un solo día para que la gente se indigne.
Aristegui Noticias publica una investigación sobre Grupo de Seguridad Privada Pryse. Entre 2019 y 2026 recibió 246 contratos de 28 instituciones públicas por casi 13 mil millones de pesos. Su accionista mayoritaria registrada, con 51% de las acciones, resulta ser una mujer de 90 años cuyo domicilio corresponde a una modesta vivienda ubicada sobre una tienda de abarrotes en Morelos.
Luego aparece Broxel. La propia Secretaría Anticorrupción recomendó a Bancomext no otorgarle una línea de crédito por 4 mil 200 millones de pesos. ¿La razón? Detectó que la empresa recibió pagos en exceso mediante contratos públicos y todavía debe reintegrar 29.4 millones de pesos a 39 instituciones federales. En 2025 celebró contratos con más de 150 entes públicos y la autoridad investiga además un posible conflicto de interés.
El Universal revela, por su parte, que empresas del Corporativo Kosmos, de la familia Landsmanas, han recibido desde 2018 alrededor de 25 mil millones de pesos en contratos públicos para alimentación, medicamentos y otros servicios, mediante presuntos sobornos. El asunto llegó a tal grado que la propia presidenta Sheinbaum ordenó a la Secretaría Anticorrupción investigar las contrataciones.
Reporte Índigo, por su parte, dedica su portada a la CNDH y al enorme poder acumulado por su secretario ejecutivo, Francisco Estrada, a quien atribuye decisiones y movimientos internos que han generado severos cuestionamientos sobre la conducción del organismo encabezado por Rosario Piedra.
Todo lo anterior, sumado al escándalo que todos los días arroja información nueva alrededor del INE y de la gestión de Guadalupe Taddei.
Y, como si hicieran falta más ejemplos, hace apenas unos días la Auditoría Superior documentó irregularidades en Talleres Gráficos de México por la subcontratación de una empresa privada para producir material electoral en 2024; el caso derivó incluso en denuncias administrativas y penales contra su entonces directora.
Naturalmente, investigación no significa culpabilidad. Cada expediente deberá probarse y cada persona tiene derecho a defenderse. Pero el problema es la acumulación… y la normalización del pillaje como paisaje natural.
Venimos de Segalmex, de las irregularidades en las megacompras de medicamentos de Birmex, de la red de Andy López Beltrán y Amílcar Olán Aparicio en el Tren Maya, del huachicol fiscal y de una sucesión interminable de casos que hacen cada vez más difícil sostener aquella promesa con la que López Obrador llegó al poder: que la corrupción se acabaría porque se barrería “como las escaleras, de arriba para abajo”.
Definitivamente, no ocurrió. Solo cambió de manos.
Tampoco existe evidencia internacional de aquella supuesta transformación moral. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México obtuvo 28 puntos sobre 100 en 2018. En la medición de 2025 obtuvo 27 y quedó en el lugar 141 de 182 países. Ocho años después, el país no mejoró: prácticamente permanece donde estaba.
Durante años, frente a cualquier señalamiento al nuevo gobierno, sus aplaudidores solían revirar con la cantaleta aquella de que: “sí, pero el PRI robó más”.
Esa frase que se repetía casi como karma, hoy ya prácticamente no se escucha, se ha ido ahogando a golpe de nuevos latrocinios.
Porque incluso aceptando que la corrupción mexicana es un problema centenario, la Cuarta Transformación pidió ser juzgada con otra vara. No prometió administrar mejor la corrupción: prometió acabar con ella.
Pero con tantos contratos cuestionados, prestanombres, sobrepagos, redes de colusión, conflictos de interés, acusaciones e investigaciones, la respuesta del gobierno ya no puede estar en acusar al pasado, ahora debe preguntarse qué debe hacer con sus propios muertos en el clóset, porque el hedor que despiden empieza a resultar insoportable.
