Por Roberto Pogués
¡Ay, claridad! ¿Cuándo vas a llegar al Río Sonora? No hablamos sólo de la transparencia de sus aguas, sino de la turbiedad política y de los intereses que lo rodean.
Desde hace más de una década, su cauce arrastra opacidad, proclamas políticas, ideologías radicales, oportunismos y malas decisiones. El resultado: un río contaminado -nadie sabe de qué- y un tema largamente manoseado entre consignas y verdades a medias que impiden una reflexión seria.
Ahora, en plena turbulencia, llega el Plan Hídrico del gobierno de Sonora. Tres presas nuevas, 7 mil 500 millones de pesos y la promesa de garantizar agua para Hermosillo y 30 municipios.
La letra chiquita: el miedo de las comunidades a quedarse sin agua. Su exigencia parece simple —transparencia—, pero ya sabemos lo mal que cae esa palabra a las administraciones morenistas.
Empecemos por la pregunta básica. ¿El agua está contaminada o no? El gobierno dijo en 2023 que sí, pero no demostró de qué ni por qué, y en aquel momento, López Obrador usó los dichos de la Semarnat, algunos aseguran que dictados por él mismo, como pretexto para presionar a una empresa minera con la que en aquellos días no la llevaba nada bien.
Sin embargo, ahora, las autoridades estatales dan a entender con su plan de presas que no hay contaminación y que es perfectamente seguro utilizar el agua del río y enviarla para el consumo de la capital del estado.
En medio del conflicto se encuentra una facción radical de Morena, que detesta a la minería y a la iniciativa privada, y que ha estimado políticamente útil mantener vivo el fantasma del derrame de 2014 en una mina de Grupo México, empresa a la cual pegarle, según sus cálculos, siempre ayudará al discurso justiciero y al reclutamiento de clientela electoral.
Los dictámenes de la Semarnat de 2023 sostienen que hay contaminantes en el río, pero no acreditan, según la lectura de expertos, que tengan relación con el derrame, y hablan de sustancias que de plano nada tienen que ver con el líquido vertido en 2014 ni con los procesos mineros. Lo que sí hay, según se sabe, son desechos de las comunidades ribereñas y minerales propios de la geología de la zona.
Pero nadie se toma la molestia de investigar, porque es más fácil crear villanos y proclamar consignas que adornan la retórica de la justicia social y alientan expectativas de grupos de interés instalados en la región.
La autoridad ambiental no mueve un dedo por encontrar las fuentes de contaminación activas que hoy siguen ensuciando el agua del río, mucho menos por contenerlas. Más bien, sigue dándole cuerda a la propaganda que acaba en preguntas matutinas por encargo en el Palacio Nacional.
Ese es en el fondo el problema: gobiernos que prefieren discursos fáciles antes que apego a los hechos o atención real a la población. Y mientras tanto, las comunidades del río, alentadas por activistas de profesión, siguen siendo utilizadas para el discurso, en lugar de recibir soluciones verdaderas en salud, servicios públicos y acceso a un mejor desarrollo.
Nada de esto va a limpiar el agua, mejor sería que gobierno y empresas le entraran en serio a mejorar la vida en la región, pero claro, para eso se necesita trabajo coordinado, evidencia científica y certeza, palabras tóxicas para la narrativa de quienes ejercen el poder como si fuera un concurso para decir la consigna más popular.
