En entrevista con Sergio Valle en el noticiario Nuestras Noticias, el abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante del movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños, proporcionó detalles sobre la situación legal de Roberto Copado, exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, y otros implicados en el caso del incendio de la Guardería ABC en 2009.
Alvarado confirmó que Roberto Copado se encuentra bajo custodia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desde el martes 7 de octubre de 2025, tras la activación de una ficha roja emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Copado enfrenta una sentencia firme de cinco años y siete meses de prisión por los delitos de homicidio y lesiones culposas, derivados de omisiones en las revisiones de seguridad de la guardería subrogada al IMSS.
La sentencia, similar a la impuesta a Sandra Lucía Telles, no admite recursos ni beneficios sustitutivos, por lo que debe cumplirse íntegramente.
El abogado explicó que la responsabilidad de Copado radica en las autorizaciones y revisiones de seguridad de la guardería, cuya última inspección data de 2007, dos años antes del incendio.
Según la defensa, la normativa de la época no obligaba a revisiones oficiosas, sino solo a petición de parte, argumento que la Suprema Corte desestimó.
Además, señaló que el IMSS, como operador de la guardería subrogada, también omitió solicitar revisiones.
Sobre otros implicados, mencionó que aún falta ejecutar órdenes de aprehensión contra Fausto Salazar Gómez (exdirector de Hacienda), Jorge Luis Melchorizla (exdirector de control vehicular), Arturo Torres Escalante (encargado de la bodega incendiada), Martín Francisco Lugo Portillo (exjefe de bomberos), Arturo Dávila Pacheco (excomandante de bomberos) y Antonio Salido Torres (socio propietario de la guardería, actualmente prófugo).
Dos socios capitalistas fueron exonerados durante el proceso.
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños otorgó el perdón a Copado y al cuerpo de bomberos por su colaboración en las investigaciones, aunque el juez continuó el proceso por los fallecimientos de los menores.
Alvarado destacó que las responsabilidades son individuales, no de instituciones políticas, y que el caso no debe usarse con fines políticos, recordando las tensiones entre autoridades locales (PRI) y federales (PAN) en 2009.
Finalmente, expresó confianza en la colaboración entre la FGR, el Gobierno de Sonora y el Gobierno Federal para localizar a los prófugos y garantizar el cumplimiento de las sentencias.
A 16 años de la tragedia, el colectivo busca romper el “manto de impunidad” y lograr justicia, aunque sea “a gotitas”.
