Según reportes periodísticos de distintos medios de comunicación, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) han solicitado y obtenido una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal.
La solicitud se enmarca en una investigación más amplia que involucra más de 200 órdenes similares contra agentes aduanales, militares, empresarios y funcionarios por contrabando de combustibles.
Ruffo Appel, exgobernador de Baja California (1989-1995) y militante del PAN, es señalado como socio mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila el 7 de julio de 2025.
La empresa, originalmente dedicada a bienes raíces y construcción, modificó su objeto social en 2019 para operar en el sector de hidrocarburos y obtuvo permisos federales para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, pese a restricciones previas en la administración anterior.
Sin embargo, el propio Ruffo Appel negó la existencia de una orden de aprehensión en su contra en declaraciones a medios este 8 de septiembre, afirmando que la información carece de sustento oficial, que no ha recibido notificaciones formales y que su nombre se usa de manera mediática por su notoriedad política.
Se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades y con “la conciencia tranquila”, responsabilizando a la comercializadora Crismón Hidrocarburos por cualquier irregularidad.
Explicó que el combustible que llevaban los carrotanques decomisados en el estado de Coahuila no pertenece a Ingemar: “Nosotros importamos combustible, y probablemente una parte de lo que importamos venía transportado en ese ferrocarril, pero para nada el volumen que recientemente hemos gestionado da con el volumen que trae ese tren”, mencionó.
Ruffo Appel señaló que Ingemar es una empresa que se dedica a la compraventa de combustible, cuya única función es ser intermediaria, por lo que después de hacer una importación y cruzar la aduana, el combustible deja de ser de ellos.
“Deja de ser propiedad nuestra cuando el tren pasa la aduana… Ingemar sólo se ocupa del papeleo de la agencia aduanal en la aduana, y el comercializador se ocupa de todo lo demás. Entonces, nosotros no tenemos propiedad del combustible que está ahí en ese famoso tren”.
El empresario pidió a las autoridades investigar a los comercializadores, pues aseguró que son ellos quienes operan desde la recepción del combustible en las refinerías hasta la entrega en las gasolinerías: “Los comercializadores son los que hacen todo el trajín, el movimiento del combustible. El importador sólo hace el papeleo del agente aduanal en la aduana, nosotros somos el importador, (…) de hecho ni vemos el combustible, sólo vemos papeles”.
Aclaró que la comercializadora del combustible importado por Ingemar se llama Crismón Hidrocarburos y Derivados, y sostuvo que esa compañía les fue consignada directamente desde el gobierno federal, por lo que la colaboración directa no fue decisión de ellos: “Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora”.
Hasta la fecha actual, no se reporta la ejecución de la orden ni detención de Ruffo Appel, y las autoridades mantienen sigilo en la investigación para evitar alertar a los implicados.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la existencia de la orden federal y celebró los operativos contra esta red.
