Una serie de audios revelada por los periodistas José Luis Montenegro y Ricardo Ravelo en Aristegui en Vivo, vuelve a sacudir el mapa del poder en Sinaloa. Según su investigación, el gobernador Rubén Rocha Moya habría sido pieza clave en la reunión del 25 de julio de 2024 donde Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses.
El mismo día, aseguran, fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda dentro de la finca donde ambos habían sido citados.
Los hallazgos (grabaciones de radiofrecuencia, testimonios y comunicaciones obtenidas por Montenegro a través de un integrante de la facción de “Los Chapitos”) apuntan a que la captura del histórico líder del Cártel de Sinaloa no fue un operativo sorpresa, sino una acción articulada en territorio mexicano con participación de actores criminales y políticos.
Una narrativa que choca frontalmente con lo dicho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre sostuvo que su gobierno desconocía cómo se produjo la detención.
La investigación se detonó cuando un hombre que operaba dentro del grupo de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán contactó directamente a Montenegro y le envió un video selfie presentándose con nombre y apellido.
El equipo periodístico lo identificó con el nombre clave “Leopoldo”.
Desde entonces, el informante comenzó a narrar la estructura interna del grupo como si se tratara de una corporación: “productos” en lugar de drogas, “renuncias” en vez de asesinatos, “secretarios” en vez de operadores criminales.
Fue él quien abrió el expediente del 25 de julio y aseguró que la reunión en Huertos del Pedregal se planeó con al menos tres meses de anticipación.
Según su testimonio, Rocha Moya conocía el plan una semana antes. Los audios respaldarían esa versión.
En la primera grabación, del 16 de julio, un hombre identificado como Bravo 1 informa: “Joaquín ya dio luz verde para la operación del 25”.
En el segundo audio se enlista a los asistentes y se afirma que “A Rocha ya se le avisó… va a decir que va a ser un asunto fuera de Sinaloa cuando ya todos estén ahí”.
En el tercero se detallan las instrucciones finales: entradas, salidas, horarios y el supuesto papel de “Delta 1”, posible jefe de seguridad.
El relato va más allá. Según “Leopoldo”, el asesinato de Héctor Melesio Cuén —rival político de Rocha— ocurrió dentro de la finca y fue ejecutado por “La Perris”, Jorge Humberto Benítez, para “no dejar cabos sueltos”.
Esto contradiría la versión inicial de la fiscalía estatal, que ubicó el crimen en una gasolinera mediante un montaje que más tarde costó el cargo a la fiscal Sara Bruna Quiñones, sin que se abriera investigación en su contra.
Ravelo añadió que “El Mayo” llegó con cuatro escoltas; todos fueron asesinados.
El líder fue sedado y trasladado maniatado hacia una pista clandestina en Navolato. Ahí habría abordado una avioneta pilotada por Mauro Alejandro Núñez Ojeda, acompañado solo por Joaquín Guzmán López.
“Iban tres personas: el piloto, Joaquín y ‘El Mayo’”, afirmó el periodista.
La participación de Rocha aparece, según los investigadores, en varias capas: no asistió al encuentro, pero habría enviado a un colaborador con su teléfono para simular que se encontraba fuera del país.
Ravelo sostiene que el mandatario “nunca probó fehacientemente” su salida de México y que mantiene comunicación permanente con “Los Chapitos”.
La conclusión es contundente: los audios desmontan el relato oficial y exponen una coordinación estrecha entre servidores públicos y grupos criminales.
Para Montenegro, el caso confirma la hipótesis de que en Sinaloa la frontera entre política y crimen organizado funciona como una sola estructura, más integrada de lo que las autoridades admiten.
El eco de estas revelaciones apenas comienza, pero ya amenaza con reconfigurar el tablero político y de seguridad en una de las entidades más sensibles del país.
