La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados de México aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales el 3 de diciembre de 2025.
La votación fue de 28 votos a favor (de Morena y aliados), 10 en contra (de PAN, PRI y un petista) y 2 abstenciones (de MC). El dictamen ya fue turnado al Pleno de la Cámara para su discusión y posible votación en las próximas sesiones, en medio de protestas de agricultores y opositores que reclaman falta de consulta y un trámite acelerado.
La sesión se llevó a cabo en un entorno de ánimos encendidos, pues un grupo de legisladores priistas que atestiguaban la sesión desde la parte superior del Patio Norte de la Cámara, donde se realizó el encuentro, gritaban “¡traidor!” a cada uno de los diputados de Morena, PT y PVEM cuando cantaban su voto en favor del documento.
Entre los legisladores que manifestaron su desacuerdo con el dictamen de la comisión —el cual ya había sido modificado con respecto a su versión original, tras una serie de encuentros con productores— estuvo Francisco Pelayo (PAN), quien alertó que la propuesta no está acompañada del presupuesto suficiente para llevarlo a la práctica y fomenta el “centralismo absoluto”.
El legislador de Baja California Sur enfatizó que uno de los puntos que generan mayor incertidumbre entre los campesinos es la aparente “incongruencia” entre el artículo 49 de la LAN, que busca reglamentar las transferencias internas del líquido en los distritos de riego, y el artículo 22, en el cual se menciona que los derechos de uso de agua “no serán objeto de transmisión”.
Por tal punto, señaló, la norma “queda ambigua y a la interpretación de quien esté detrás de un escritorio. Pedimos que en el artículo 49 se contemple la trasferencia interna de los derechos de agua, una frase muy sencillita, para que no se pueda echar para atrás” la mencionada garantía.
En caso de mantenerse la aparente contradicción entre ambos artículos, los productores no podrán utilizar el líquido de sus concesiones “si no está en la voluntad de los directivos de la Comisión Nacional del Agua”.
En respuesta, Oscar Bautista (PVEM), enfatizó que en el mencionado artículo 22 del dictamen, lo que se evita es hacer que las concesiones se puedan trasferir entre particulares, “pero el artículo 49 reformado dice bien claro que se mantiene el binomio agua-tierra” para darle certeza jurídica a los productores.
