Un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, y otras siete personas, como parte de la investigación que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.
La resolución se dio al término de una audiencia que se prolongó por varias horas, en la que el Ministerio Público Federal presentó los argumentos para solicitar que los imputados permanezcan privados de la libertad mientras continúa el proceso penal. Tras valorar los elementos expuestos, el juez determinó imponer la prisión preventiva, por lo que Ruffo Appel permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
El exmandatario estatal fue detenido días antes por agentes federales, luego de que la FGR obtuviera una orden de aprehensión en su contra. La investigación lo relaciona con una presunta red dedicada al contrabando de combustibles mediante operaciones de importación irregular, en un caso que también involucra a empresarios y otros presuntos participantes.
De acuerdo con las autoridades, los delitos que se investigan son delincuencia organizada y contrabando, ambos considerados de alta gravedad dentro del sistema penal mexicano. La defensa del exgobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que Ruffo Appel es inocente, por lo que buscará combatir la medida cautelar y los cargos que enfrenta durante el proceso judicial.
Ernesto Ruffo Appel es una figura histórica de la política mexicana al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal, bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Su caso ha generado reacciones encontradas entre actores políticos, mientras las investigaciones de la FGR continúan.
