Por Marcos Pérez Esquer
Diría que el proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias que se ha sometido a consulta no es, de entrada, inconstitucional o ilegal.
No todo intento de proteger a las audiencias es censura; tampoco toda regulación administrativa es, por definición, inconstitucional. En una democracia constitucional, los derechos de las audiencias existen, importan y pueden ser
protegidos.
La ciudadanía tiene derecho a recibir información plural, a distinguir publicidad de contenido informativo y, sí, también a contar con elementos que le permitan diferenciar entre hechos y opiniones. Exigir que un noticiario no disfrace opiniones como hechos puede ser razonable.
Nadie tendría por qué oponerse a que los medios sean transparentes con sus audiencias. La libertad de expresión no ampara el engaño deliberado.
Hasta ahí, el debate está muy bien y es productivo. El problema aparece cuando esa obligación se coloca en manos de una autoridad administrativa dependiente de un gobierno con pulsiones abiertamente autoritarias. Porque una cosa es que la ley reconozca derechos de las audiencias, y otra muy distinta es que el poder político encuentre una rendija para intervenir en la línea editorial de los medios.
Los lineamientos propuestos pretenden que los concesionarios distingan entre información noticiosa y opinión mediante plecas, cortinillas, mensajes en pantalla o
elementos sonoros. En apariencia, se trata de una medida inocente, casi pedagógica.
Pero la pregunta obvia es: ¿quién decidirá cuándo algo fue información, cuándo fue opinión, cuándo fue información falsa, cuándo estuvo descontextualizada y cuándo una opinión cruzó la frontera de lo permitido?
Ahí está el riesgo. No en la existencia de derechos de las audiencias, sino en la posibilidad de que la autoridad se convierta en árbitro de la verdad pública.
Cuando el gobierno se arroga la facultad de decidir qué es verdad y qué es mentira, qué análisis es válido y cuál debe ser corregido, la democracia empieza a tambalear.
George Orwell imaginó en su novela “1984” un Ministerio de la Verdad encargado, paradójicamente, de manipular la realidad. Su función no era informar, sino administrar la versión oficial de los hechos. El poder no se conformaba con gobernar el presente: también pretendía controlar el lenguaje (duplipensar), el pasado (la memoria histórica) y hasta la posibilidad misma de pensar fuera de los márgenes autorizados.
Por supuesto, México no está todavía en una distopía orwelliana. Insisto -todavía-.
Pero las democracias no suelen perderse de golpe, sino por acumulación de pequeños mecanismos aparentemente técnicos. Una regla administrativa aquí, una sanción ambigua allá, una autoridad “vigilante” más adelante. Y de pronto, lo que empezó como protección de audiencias termina convertido en control de contenidos.
El riesgo aumenta porque este gobierno ha mostrado una relación francamente hostil con la prensa crítica. Desde el poder se descalifica cotidianamente a periodistas, medios, analistas y opositores. Se etiqueta como “mentira” cualquier información incómoda; se llama “campaña” a cualquier investigación seria; se confunde crítica con conspiración.
En ese ambiente, darle a la autoridad herramientas ambiguas para supervisar contenidos equivale a dejarle cerillos a un niño bully que juega con gasolina.
La solución no es negar los derechos de las audiencias. La solución es acotar rigurosamente la intervención estatal mediante el principio adoptado en la democracia modernas de “mínima intervención”.
Los lineamientos deben limitarse a obligaciones mínimas, objetivas y verificables: transparencia editorial, códigos de ética, defensorías funcionales, accesibilidad y mecanismos de queja. Pero no deben permitir que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones -cuya independencia es nula en los hechos- se convierta en editora de noticieros, certificadora de opiniones o juez administrativo de la verdad y la corrección pública.
La distinción entre hechos y opiniones puede ser democrática si sirve para empoderar a las audiencias. Pero puede volverse autoritaria si sirve para disciplinar a los medios o incidir en su línea editorial, así sea mediante autocensura. La diferencia depende del diseño normativo, pero también del talante de quien lo aplica. Y en México, hoy, ese talante no invita precisamente a la confianza.
