Por Marcos Pérez Esquer
El escándalo que rodea al examen de admisión de la UNAM es sumamente preocupante. No solo por la magnitud de las irregularidades detectadas, sino porque revelan un fenómeno mucho más inquietante: la creciente normalización de la trampa como un medio aparentemente aceptable para alcanzar el éxito.
Lo más alarmante no fue descubrir que existieran personas dispuestas a pagar para que un tercero resolviera el examen, que hubiera intentos de suplantación de identidad o incluso redes dedicadas a comercializar este tipo de servicios, esas prácticas, lamentablemente, existen desde hace tiempo, lo verdaderamente preocupante fue advertir el grado de organización, de descaro y, sobre todo, de naturalidad con que se desplegaron.
Pareciera que, para algunos, el problema ya no es hacer trampa, sino ser descubiertos, o como dice aquel viejo adagio popular: “el problema no es robar, sino que te agarren”, y para otros, la molestia con la cancelación del examen no estaba en perder su sitio en la universidad sino en haber perdido el dinero “invertido” en los servicios de quien suplantó su identidad.
Frente a un escenario así, la UNAM hizo lo correcto. Cancelar los resultados de los casos irregulares y convocar a un examen presencial de control era la mejor forma de restablecer la confianza en el proceso de admisión y de hacer justicia a los jóvenes que sí se prepararon para competir limpiamente por un lugar.
Quien realmente obtuvo una calificación sobresaliente gracias a su preparación no tendría por qué temer un nuevo examen. Si el conocimiento existe, volverá a reflejarse en el resultado. En cambio, quien alcanzó una puntuación extraordinaria mediante mecanismos fraudulentos difícilmente podrá reproducirla en condiciones controladas. El examen de control permitirá distinguir, con mucho mayor grado de certeza, entre quienes llegaron por mérito y quienes lo hicieron mediante argucias.
No debe perderse de vista quiénes son las verdaderas víctimas de este episodio. Son aquellos jóvenes que estudiaron durante meses, que compitieron honestamente y que quedaron fuera porque tuvieron que medirse contra calificaciones artificialmente infladas por el fraude. Si en años anteriores su esfuerzo habría sido suficiente para obtener un lugar, hoy merecen una nueva oportunidad en condiciones de auténtica igualdad.
Pero el problema no termina en la UNAM. Hace apenas unos días también conocimos denuncias sobre irregularidades en los procesos de promoción de docentes de educación básica, donde igualmente se reportaron diversas formas de hacer trampa. Es decir, el fenómeno ya no se limita a algunos aspirantes universitarios. También alcanza a quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a las siguientes generaciones. ¿Qué clase de formación podemos esperar?
Esto trae a mi memoria, de manera obligada, el fraude académico de la ahora ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, que plagió su tesis, lo que envió un mensaje terrible a la sociedad, y sobre todo a la juventud: se puede hacer fraude y aun así llegar a ser ministra, te pueden descubrir y aun así mantenerte en el puesto.
Eso ilustra que el problema es ya de otra dimensión. No solo estamos hablando de fraude académico. Estamos hablando de la erosión de la cultura de la honestidad. De una sociedad en la que el mérito pierde terreno frente a la marrullería, y donde, al más puro estilo maquiavélico, el fin justifica los medios.
Las universidades podrán perfeccionar sus sistemas de evaluación, incorporar mejores tecnologías de autenticación y diseñar mecanismos cada vez más eficaces para detectar el fraude. Todo ello será necesario. Pero ninguna tecnología sustituirá un valor que comienza en la familia y se fortalece en la escuela: la honestidad.
Por eso es tan importante que la UNAM aproveche este episodio para impartir una de las lecciones más importantes que puede dar a la juventud: la honestidad no es optativa, es un principio rector de la conducta humana. Pero, además, es un presupuesto de la educación. Sin valores, no hay verdadera educación, en todo caso mero adiestramiento. La educación -en especial la superior- supone la transmisión no solo de conocimientos sino de valores. Permitir la estafa de quien ingresa, implica tolerar mañana la falta de ética profesional a quien egresa. La UNAM estaría empezando con el pie izquierdo, y lo que mal empieza mal acaba. Porque el mal no termina con esta trampa; el mal crece cuando esa persona llega a ser médico, ingeniero, abogado, maestro, servidor público o juez convencida de que hacer trampa es una forma aceptable de competir.
