El Metro de la Ciudad de México se inauguró en septiembre de 1969, y a lo largo de estos 53 años de funcionamiento ha sido ocasión de seis tragedias en las que -al menos- una persona haya perdido la vida. Es importante anotar que, de las seis tragedias, cuatro han ocurrido durante la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum.
Esto no puede ser casualidad, pero en una suerte de negación psicológica, en una especie de paranoia colectiva, el gobierno de la ciudad aduce actos de sabotaje por parte de trabajadores del propio metro.
Es bien sabido que el presupuesto del metro ha ido a la baja en los últimos años y que la partida para mantenimiento ha sido sustancialmente afectada. Recordemos que la directora anterior del metro, Florencia Serranía, mantuvo vacante la subdirección de mantenimiento durante un año, y apenas cuatro días antes de la tragedia del 3 de mayo de 2021 en la que un desplome en la Línea 12, la “Línea Dorada”, mató a 26 personas y dejó heridas a otras 79 más, nombró a un “encargado”. Todo esto, cuando apenas unos meses antes, el 9 de enero de 2021, había ocurrido un aparatoso incendio en el principal centro de control del metro, el PCCI, en el que murió una persona y otras 30 resultaron intoxicadas.
Después de la tragedia de la Línea 12, la sociedad habría esperado medidas contundentes de reparación y sobre todo garantías de no repetición; sin embargo, la propia jefa de gobierno ha hecho una relatoría de los múltiples incidentes que han sobrevenido y que han puesto en grave riesgo la integridad física de los usuarios, e incluso en uno muy reciente, del 7 de enero pasado, la colisión de dos trenes provocó la muerte de una joven y 57 lesionados.
Pero las autoridades, prestando oídos sordos a las recomendaciones de los expertos, a la evidencia científica, y al sentido común, se niegan a reconocer lo obvio, que la causa está en la falta de mantenimiento. Obcecadas en la idea del sabotaje, han pedido la incursión de la Guardia Nacional, la que ha desplegado a 6 mil elementos en las instalaciones.
La idea es pésima; no solo porque no atiende el fondo del problema, sino porque normaliza todavía más el proceso de militarización que está viviendo el país, y sobre todo porque desplegar 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el metro en vez de enviarlos a los lugares del país más flagelados por la violencia, es una muestra más de la poca importancia que da el gobierno federal al combate de la inseguridad.
Además está lo presupuestario; el sueldo promedio de un guardia nacional oscila alrededor de los 15 mil pesos mensuales, más aguinaldo. Esto significa que la vigilancia para la prevención de imaginarios ataques costará la friolera de 1,200 millones de pesos anuales. Esto equivale a aproximadamente una tercera parte de la partida de mantenimiento del sistema metro, al menos atendiendo a los datos de 2019, porque a partir de ese año la opacidad campea.
Si en vez de gastar ese dinero en combatir molinos de viento se destinaran al mantenimiento, avances sustanciales podría haber; pero la negación como mecanismo de defensa, acompañada de una inconmensurable incapacidad, tiene a las autoridades capitalinas pasmadas y paranoicas.
¿De verdad es razonable pensar que los trabajadores del metro provocan deliberadamente estos percances que ya han cobrado la vida de muchas personas, solo para hacer ver mal a la Jefa de Gobierno? Me inclino por aplicar la navaja de Ockham -la explicación más simple suele ser la más probable-, los incidentes ocurren porque no se invierte lo suficiente en mantenimiento, punto.
Como van las cosas, entre los incidentes que vengan puede haber otro descarrilamiento, el descarrilamiento de la carrera presidencial de Sheinbaum.
